Un fuerte debate adelantan los magistrados de la Corte Constitucional sobre un tema clave: las supuestas afectaciones a la salud que habría provocado en la comunidad la operatividad de la empresa Cerro Matoso. Aunque ya existe un fallo que ordenó indemnizar a las comunidades aledañas, actualmente se estudia un recurso de nulidad que presentó dicha empresa argumentando que no existe sustento técnico y científico para probar las afectaciones a la salud de personas y la operación de la compañía. Este miércoles, cuando se espera una decisión, el presidente del alto tribunal se declaró impedido.
¿La razón? Unas declaraciones que entregó esta semana a la emisora La W Radio en las que hizo referencia a este debate, cuando una de las periodistas le preguntó si era cierto que una tutela puede ordenar una reparación económica. El presidente contestó: “No, lo que dice la norma es que de manera excepcional se pueden decretar perjuicios en tutela uno, cuando el accionado ha actuado de manera arbitraria y dos, cuando no haya otra vía procesal para el efecto. En este caso, algunos magistrados pensamos que hay otras vías procesales como la acción de grupo y también que la actuación la empresa no es arbitraria”.
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Por esa razón, el abogado de las víctimas, Abelardo de la Espriella, recusó a Linares y le pidió que se apartara el debate. «El magistrado Alejandro Linares debe separarse del conocimiento del proceso de la referencia, en virtud de las alocuciones públicas que realizó el 3 de septiembre de 2018 en la cadena radial La W Radio, en las cuales desafortunadamente rindió conceptos sobre la decisión que la Corte Constitucional se encuentra pendiente de proferir y en las que igualmente evidenció su postura con relación el caso objeto de análisis”.
La Sala Plena le aceptó el impedimento este miércoles en Sala Plena. Ahora, el debate lo continuarán siete magistrados ya que la magistrada Gloria Ortiz también se declaró impedida. En la sentencia que ordenó reparar las víctimas, la Corte Constitucional ordenó el pago de todos los perjuicios causados a los integrantes de las comunidades étnicas. Pero Cerro Matoso alega que no se tuvieron en cuenta varias pruebas, como un informe de Medicina Legal que, en criterio de la multinacional, no establece una relación de causalidad entre las actividades de la minera y las enfermedades que presentan varios habitantes cercanos al proyecto.
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