La Corte Constitucional a través de un comunicado aclaró que su determinación hace referencia a seis hectáreas de territorio colectivo indígena, ocupado por la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.
Dicha escuela está ubicada en 250 hectáreas que le pertenecen al Ministerio de Defensa, adjudicadas por el Incora en 1998, que colindan con el territorio de la comunidad indígena Jiw. En las seis hectáreas que le pertenecen al resguardo hay 19 construcciones, entre ellas una piscina para lecciones de buceo, una planta de acueducto y dos pistas de comando.
La orden de la Corte, aclaró la propia corporación, es que estas construcciones sean movidas de allí para que los indígenas recuperen las seis hectáreas que les pertenecen.
“La seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones”, señaló el alto tribunal.
“Resalta la Corte que en el auto de la referencia no se ordena el retiro de dos (2) bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de 6 hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare”.
Generales Navas y Mantilla cambian de posición
El comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, señaló que darían la “pelea jurídica” para mantener las bases militares en Meta y Guaviare que supuestamente se había ordenado retirar.
“Allá hay una clara amenaza a la seguridad nacional. En esa zona delinquen varios frentes de las Farc y bandas criminales (…) No sabemos a ciencia cierta quienes están detrás de esta demanda y a quién beneficia, de lo que sí estamos seguros es que afectará a la población”, había advertido Navas.
El alto oficial agregó además que, de retirarse la base del Guavire, se permitiría abrir paso a un corredor estratégico de las Farc.
El fallo de la Corte Constitucional impulsó una reunión de urgencia en el Ministerio de Defensa para estudiar acuciosamente el fallo. Al terminar el encuentro, el Ministerio concluyó que la sentencia no ordenaba su retiro de ninguna manera.
El Espectador habló con el general Navas y con el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, quienes mostraron una posición distinta luego de leer las 94 páginas del fallo judicial. “Lo que tituló la prensa es que nos iban a desalojar de la zona, por eso nuestro pronunciamiento fue en ese sentido. Por eso dije que era un problema de seguridad nacional”, anotó el general Navas.
Y añadió: “Más adelante nos dimos cuenta que es un problema de linderos. Tenemos seis meses para entregar esas seis hectáreas o negociarlas y eso es lo que vamos a hacer. Devolver hectáreas es muy diferente a desalojar bases militares. Es que lo relacionaron con Cauca, hicieron la misma ecuación, y yo me imaginé que se nos vendría toda la comunidad indígena a sacarnos”.
Por su parte, el general Sergio Mantilla le dijo a este diario que los militares ubicados en esas zonas sostienen “las mejores relaciones con las comunidades indígenas” y que “se mantiene la voluntad de cumplir con el fallo y devolver las hectáreas en cuestión”.