La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la reforma constitucional con la que se aprobó el sistema general de regalías.
Los demandantes de la reforma consideraron que se había omitido la consulta previa a las comunidades indígenas por lo cual se debía declarar inexequible.
La Corte consideró que esa consulta no debe hacerse en la etapa preliminar sino en la fase de reglamentación, lo cual se está adelantando en estos momentos en el Congreso.
Igualmente se señaló que esta consulta no es obligatoria cuando se desarrolla el acto administrativo, solamente cuando se va a ejecutar la ley.
La Corporación se declaró inhibida en el tema de la sustitución de la Constitución al considerar que se estructuró de manera indebida.
Igualmente consideró que no se presentó ninguna irregularidad en el hecho de los ministros de Hacienda y Minas presentaran el acto administrativo y no el presidente de la República en propiedad.
En este sentido consideró que la firma del jefe de Estado no era necesaria puesto que los ministros hacen parte del Ejecutivo y representan al primer mandatario.