Ardila interpuso una acción de tutela porque consideró que la Fiscalía había quebrantado dos de sus derechos en el proceso llevado en su contra.
A esto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia respondió que la acción de tutela sólo aplica cuando la forma de actuar del juez “se muestre por completo ilegítima y caprichosa”, pero que en este caso particular los investigadores de la Fiscalía no quebrantaron sus derechos al debido proceso y a la libertad.
Pablo Ardila, ex gobernador de Cundinamarca, está siendo investigado por el presunto delito de extorsión agravado, en relación con miembros de unas areneras del municipio de Ricaurte. A mediados del 2007, El Espectador publicó un artículo titulado “Las cuentas del gobernador”, en el que denunciaba los presuntos malos manejos de los dineros de su administración.
Ardila fue capturado el 26 de diciembre de 2007 y desde entonces se encuentra recluído en la cárcel de la Picota.