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Corte rechaza recusaciones a magistrados en estudio de referendo

Dice que no es el momento procesal para recurrir a tales acciones.

15 de octubre de 2009 - 09:11 a. m.
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Por improcedentes, la Corte Constitucional rechazó las recusaciones que fueron instauradas en contra de varios integrantes de la colegiatura, buscando que se declararan impedidos para participar en el trámite de estudio del referendo relacionista.

Así lo indicó el presidente de la Corte Constitucional, quien advirtió que tampoco era procedente suspender las diligencias tendientes a determinar la constitucionalidad de la iniciativa, aún cuando estuviera cursando en el Consejo de Estado una demanda en torno a la legalidad de las convocatorias a sesiones extras durante la aprobación de la iniciativa.

Manifestó que, en el primero de los casos, el estudio enfrenta una etapa en la cual el único competente para recusar a los magistrados es el procurador , por cuanto los demás solicitantes no han adquirido aún el carácter de intervinientes.

Aclaró que una vez se conozca el concepto, toda la ciudadanía adquirirá la naturaleza descrita y será el momento para presentar las recusaciones a las que haya lugar.

Ante la segunda de las objeciones, dijo que los solicitantes están es un su legítimo derecho de hacer las salvedades y las consultas que requieran, pero añadió que no se está presentando el conflicto de juridicidad aludido, aún cuando el Consejo de Estado esté estudiando la legalidad de una de las etapas que será materia de estudio.

Por su parte, el representante, Guillermo Rivera, dijo que el magistrado Pinilla Pinilla se equivoca al ignorar la petición de suspender el estudio e insistió en la irregularidad que rodeó la expedición del decreto para las convocatoria de sesiones extras en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el pasado 17 de diciembre, que le dio vida a una iniciativa que estaba a punto de ser derogada.

Finalmente, el presidente de la Corte Constitucional manifestó que ya llegaron a ese alto tribunal varios de los documentos solicitados como pruebas, de entre los cuales se destacan los registros solicitados al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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