En la actualidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudia 40 Decretos relacionados con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc. El alto tribunal tiene que hacer el análisis de control constitucionalidad automático de estos documentos hecho por el cual se vio obligada a suspender provisionalmente los términos en los procesos ordinarios de constitucionalidad.
El alto tribunal también tiene que realizar el estudio de fondo de la Ley de Amnistía y la Justicia Especial para la Paz (JEP). Por la complejidad y la cantidad de decretos la Corte Constitucional decidió suspender los procesos mientras se toma una decisión de fondo en cada uno de estos casos. (Ver La paz, en manos de la Corte Constitucional)
La decisión se sustentó en el decreto 889 de 2017 en el que se le permitió a la Corte Constitucional plantear la suspensión provisional de los procesos para dedicarse al estudio de los temas relacionados con el proceso de paz.
Por estas razones la Corte no estudiará leyes estatutarias o reformas que no tengan ningún tipo de relación con los acuerdos o tratados internacionales. Sin embargo, esto no cobija a las acciones de tutela.