La Sala Civil de la Corte Suprema rechazó las pretensiones de una acción de tutela presentada por un ciudadano que buscaba suspender el fallo emitido por la Procuraduría General en contra de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
Para el alto tribunal, el mandatario distrital todavía puede interponer el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la sanción disciplinaria que inhabilitó al mandatario distrital por 15 años para ocupar cargos públicos.
En este sentido se indica que este mecanismo es el idóneo para defenderse puesto que ahí está incluida la suspensión provisional de la sanción disciplinaria. El burgomaestre fue destituido por su participación en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En el fallo, la Corte avaló la decisión del Tribunal Superior de Buga de compulsar copias a la Fiscalía General para que se investigue al accionante, quien según se pudo establecer no ejerció su derecho al voto en el municipio del Valle del Cauca. Igualmente cuando se le solicitó su certificado electoral no lo quiso aportar.
“Ante evidencia aportada por la autoridad electoral de que el reclamante tenía inscrita su cédula de Buga y allí votó para los comicios del 30 de octubre, no resulta arbitraria la orden del fallador de primer grado (…) Por el contrario, la certeza y contundencia que da tal informe hace que la ‘compulsa’ surja como el cumplimiento de un mandato propio de los servidores públicos”, precisó.