Una nueva colisión entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura se registró a causa de una sentencia en contra del ex director de la Lotería de Caquetá. Piden que la Cámara de Representantes investigue a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Al negarse de forma contundente a modificar el fallo en contra del ex director de la Lotería de Caquetá y en ese entonces alcalde del municipio de Belén de los Andaquíes, la Sala Penal quiso también dejar claro que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria tomó la decisión "sin ningún filtro crítico", y calificaron sus argumentos como unos que se alejan "ostensible y groseramente de la realidad probatoria acreditada en el proceso".
El 2 de septiembre la Corte Suprema de Justicia había condenado a Iván Otálvaro Murcia, antiguo director de la Lotería de Caquetá, a 3 años de prisión y al pago de casi 25 millones de pesos por el delito de cohecho impropio.
Pero fue entonces cuando el acusado interpuso acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura que falló a su favor y dejó sin piso la sentencia de la Corte Suprema, el 9 de febrero pasado, lo que provocó el contundente pronunciamiento de la Sala Penal.
"La Corte con el análisis exhaustivo realizado ha acreditado la incongruencia, sinrazón y falacia de los argumentos que sustentan la decisión de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, motivo suficiente para que se aparte de la decisión, so pena de prolongar indebidamente la ostensible ilegalidad que allí se advierte".
En 1998 mientras Iván Otálvaro Murcia hacía las veces de jefe División Comercial de la Lotería del Caquetá, tenía a su cargo también la asignación de cupos de billetería.
En marzo de ese año, Otálvaro le mandó un oficio a la agencia de loterías Mundial de Loterías, representada por William Castro, "en 300 billetes, siendo este último quien en octubre de ese mismo año, 1998, le consignó en su cuenta del banco Cafetero de Florencia la suma de $500.000 por hacerle el favor de aumentarle el cupo de billetes, es decir, por ejecutar un acto propio de las funciones que le correspondían como Director Comercial de la Lotería de Caquetá, es decir, como servidor público". reseñó la Corte Suprema.
La Sala Penal denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes "la existencia de un presunto delito de prevaricato por parte de los Magistrados signantes".