La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el impedimento presentado por el magistrado Fernando Alberto Castro Caballero para participar en la decisión en el estudio del recurso de casación presentado por la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en contra del fallo de segunda instancia que ratificó la condena a 30 años de prisión por su participación en los hechos que rodearon la desaparición forzada.
El alto tribunal consideró que los argumentos expresados en el recurso del magistrado no cumplían con los requisitos exigidos para alejarse del conocimiento y estudio de este proceso penal. Con esta decisión se le da vía libre al estudio del proyecto de fallo presentado el pasado 11 de noviembre por el magistrado Luis Guillermo Salazar.
En el impedimento el magistrado Castro Caballero había argumentando que cuando ejerció como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá fue el ponente de un proceso penal en el que estaban involucrados guerrilleros del M-19 por la toma del Palacio de Justicia registrada los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
El oficial en retiro, quien se encuentra privado de su libertad en el Cantón Norte desde hace seis años y 10 meses, fue sentenciado basándose en una serie de testimonios que lo vinculaban de haber ordenado la práctica de torturas a un grupo de rehenes, que fueron liberados por el Ejército Nacional, y traslados a la Casa Museo del Florero donde funcionaba el centro de inteligencia del B-2.
Según la investigación de la Fiscalía General el entonces comandante de la Escuela de Caballería conoció el traslado de estas personas al Cantón, señaladas de haber hecho parte del plan de toma del Palacio ejecutado por un comando del grupo guerrillero. En repetidas oportunidades Plazas Vega ha declarado su inocencia frente a estos hechos.