Que el Consejo Superior de la Judicatura, a través de una tutela, anulara el fallo que había proferido la Corte Suprema de Justicia contra la ex representante Sandra Arabella Velásquez, condenada a seis años de prisión por haber utilizado un avión de la Fuerza Aérea para beneficio propio en época de campaña, es el hecho que hoy tiene a los magistrados de estos dos altos tribunales con los guantes puestos. Y a toda la Rama Judicial con los nervios de punta.
“Lo que se busca finalmente es dejar en la impunidad los delitos cometidos por los actores relacionados con los paramilitares”, alertó el presidente (e) de la Sala Penal de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero. Esta corporación, que ha liderado por más de cuatro años las espinosas investigaciones de la parapolítica, criticó que sean justo los magistrados elegidos por el Congreso y ternados por el Gobierno los que estén dejando sin piso las determinaciones judiciales que no favorecen, precisamente, a los parlamentarios.
El Consejo Superior de la Judicatura, al final de la tarde, respondió, a través de un comunicado, con expresiones todavía más subidas de tono: “Lo que sí me parece peligroso es que estemos asistiendo de pronto a un país donde se quiera cambiar la estructura del Estado y hablar de un gobierno de los jueces, que incumple en términos de lo que es la Rama Judicial y que quiera hacer lo que le venga realmente en gana”, expresó el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Ovidio Claros.
Estas declaraciones, sin embargo, levantaron ampolla en el seno del propio Consejo. El Espectador conoció que el comunicado fue redactado sólo por tres de los siete magistrados que integran la mencionada Sala Disciplinaria: Angelino Lizcano (quien fue funcionario por 15 años de la Cámara de Representantes), Julia Emma Garzón y Claros. “Si uno sale a hablar en nombre de una sala, es porque consultó con toda la sala lo que se iba a decir, y el magistrado Claros nunca nos convocó para esto. En tanto no sea así el procedimiento, ese comunicado no es oficial”, manifestó la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo.
Este no es el primer encontronazo entre la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura. En julio del año pasado, el Consejo le otorgó al ministro de Protección Social, Diego Palacio, una tutela y ordenó omitir su nombre de la sentencia de la Corte Suprema contra Yidis Medina, decisión que echó para atrás la Corte Constitucional en febrero de este año. Hace dos meses, nuevamente, el Consejo de la Judicatura reversó un fallo de la Corte Suprema, que había condenado a Iván Díaz Mateus, también por el escándalo de la yidispolítica.
La preocupación en la Corte Suprema por este choque de trenes es mayúscula. El presidente de la corporación, Augusto Ibáñez, calificó las recientes disposiciones del Consejo como un “delirio de poder” y trajo a colación la sugerencia del presidente Álvaro Uribe, en su primera candidatura, de acabar con esta institución. El vicepresidente de la Corte, Jaime Arrubla, criticó que los magistrados de la Judicatura, que no manejan el tema penal, acusaran a la Sala Penal de la Corte Suprema de producir fallos equívocos en una materia en la que tiene larga trayectoria.
De acabar con el Consejo no habló sólo la Corte. El presidente del sindicato de la Rama Judicial (Asonal), Fabio Hernández, dijo que apoya la iniciativa de acabar con este organismo, cuyo sostenimiento es el más costoso de las cuatro altas cortes, aseguró que es el origen de sus integrantes el que los ha llevado a tomar decisiones equivocadas y sostuvo que sí ha habido extralimitación en sus funciones. No obstante, la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda rechazó la idea de abolir la entidad y reconoció su eficacia a la hora de manejar los recursos de la Rama Judicial.
La magistrada López señaló que estas pugnas “envían un mensaje equívoco y deslegitiman las instituciones”, y argumentó que la Sala Disciplinaria del Consejo ha tenido que dar trámite a las tutelas contra los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema sólo porque la Sala Civil de esa misma corporación, que es la que debería asumirlas, no lo hace. “No tenemos interés en acabar con los procesos de la parapolítica, pero tenemos funciones constitucionales. Este problema se acaba de manera muy sencilla: que la Sala Civil de la Corte Suprema actúe como debe ser”.