Un rechazo unánime al comunicado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda en el cual afirma que investigó supuestas operaciones sospechosas en las que podrían haberse visto involucrados magistrados con personas vinculadas con actividades ilícitas, expresaron las altas cortes al señalar que esa entidad no es competente para indagarlas.
En primera instancia el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, consideró preocupante que una unidad cuyo objetivo es hacer cruces de información financiera relacionada con temas que impliquen lavado de activos y terrorismo, sea utilizada para hacer seguimientos que podrían ser calificados como oscuros. A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Ibáñez, manifestó que es inquietante la existencia de funcionarios que por medio de comunicados de prensa intenten convertirse en competentes en actividades que no son de su jurisdicción.
Agregó que quienes en verdad tienen competencia frente a los magistrados y cualquier ciudadano son los jueces y que comunicados como los de la UIAF tratan de poner en tela de juicio la honorabilidad y respetabilidad de los magistrados. Entre tanto, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Rafael Ostau de Lafont, coincidió en que la UIAF no es la entidad competente para investigar los movimientos financieros que hagan los magistrados, advirtiendo que esa función es jurisdicción de la Comisión de Acusación de la Cámara.
En el comunicado, dado a conocer en la noche del domingo pasado, la UIAF señaló que “tiene la obligación legal de analizar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo” y a continuación reconoció que “en virtud de tal competencia legal, ha analizado reportes de operaciones sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos con otras relacionadas a actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”.
Aunque a continuación afirmó que los reportes fueron remitidos al Fiscal General, reconoció que esa información “es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente”.