"Vamos a pedir la colaboración de los Gobiernos de Colombia y Chile para ver los modelos que ellos tienen y de esta forma adaptarlos al contexto costarricense", explicó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, hermano del presidente Óscar Arias.
El funcionario aseguró que se preparará "una reforma integral a la ley que regula la DIS" porque "ha llegado el momento de modificar esta legislación y de esta forma, definir muy bien la parte jurisdiccional y los controles que se deben tener".
Rodrigo Arias también confirmó hoy la renuncia del director de la DIS, Roberto Solórzano, como una medida "prudente" ante los hechos ocurridos.
El nuevo director de la entidad será el viceministro de la Presidencia, José Torres, quien ejercerá los dos cargos simultáneamente.
La DIS, adscrita al Ministerio de la Presidencia, se encuentra inmersa en un escándalo por fraudes bancarios efectuados, aparentemente, con recursos de la entidad y en el que se ha visto involucrado el subdirector de esa oficina, Roberto Guillén.
Guillén fue separado del cargo "temporalmente" el pasado 25 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones judiciales correspondientes.
El Gobierno costarricense ha descartado cerrar la DIS ante exigencias de partidos de oposición, e incluso el fiscal general, Francisco Dall’Anesse, ha asegurado que "el país no necesita cuerpos de espionaje" y que "la DIS debe funcionar como una policía" sujeta a controles y obligada a rendir cuentas públicamente.
Hace un par de semanas las autoridades judiciales realizaron varios allanamientos, uno de ellos en las oficinas de cómputo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Casa Presidencial, y detuvieron a nueve personas sospechosas, entre ellas a Guillén.
El resto de detenidos no trabajaban para el Gobierno. Según las pesquisas, este grupo es sospechoso de conformar una organización delictiva que a partir de 2007 saqueó cuentas bancarias de empresas y personas mediante el robo y la falsificación de cheques.
De acuerdo con la investigación judicial, Guillén utilizó una clave para ingresar, desde las computadoras de la DIS, a una base de datos privada, donde adquirió información de personas que posteriormente fueron estafadas por un total de unos 357.000 dólares.
Con la información la banda suplantó la identidad de estas personas y falsificó firmas para cambiar cheques, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).