Un total de 50.000 decisiones permanecen represadas desde hace 18 días por cuenta del paro nacional judicial. Este cese, casi que total, en el funcionamiento de las actividades tiene en el limbo a por lo menos 200.000 personas que aguardan pacientemente decisiones de fondo en distintos expedientes judiciales en los que intervienen, bien como víctimas o denunciantes, o bien como procesados. El descalabro es total si a estos datos se les suma que, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, el paro le ha costado al Estado nada más ni nada menos que $70.720 millones. Al cierre de esta edición el Gobierno anunció que aunque no se llegó a un acuerdo le ofreció al sector judicial $66.000 millones de pesos.
Para el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, las diligencias que no se han podido adelantar van a ocasionar un grave represamiento judicial, lo cual genera un impacto negativo y una carga laboral para cuando la justicia en Colombia reinicie sus actividades. “Van 50.000 decisiones menos que se toman, por ejemplo, en adopción de niños, en resolución de un conflicto marital, en la posibilidad de que se adelante un proceso penal, en que un juez laboral tome una decisión, en los temas relacionados con arrendamientos, con bienes inmuebles, con ejecutivos, etcétera. Este déficit va a impactar para lo que se espera de este año en el trabajo posterior”, señaló.
En el registro histórico del Consejo Superior de la Judicatura, del año 2007 y el primer semestre de 2008, en los 1.100 municipios del país el poder judicial diariamente produjo en promedio 4.472 decisiones de fondo. Tan sólo en estos 18 días, sostuvo el jurista, 2.881 decisiones se han dejado de producir a diario, lo que redunda en una cifra aterradora de 37.456 casos no fallados hasta ahora. Tampoco se efectuaron, como es su estadística normal, cerca de 11 mil audiencias en estas casi tres semanas de paro.
El descalabro es enorme y promete empeorar. El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Antonio Giraldo Castaño, anunció el jueves pasado la adopción de medidas de emergencia para contener los estragos del paro. Entre ellas la creación de 12 jueces de tutela de competencia múltiple y 20 jueces de garantías y conocimiento para los derechos fundamentales. Además, se mantuvo en la imposibilidad de apoyar la petición de los funcionarios provisionales de la Rama para que se conviertan en funcionarios de carrera y, se ratificó, en la decisión de que se les descuenten los días no trabajados a los participantes en el paro.
En la otra orilla se ubicó Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial, quien anunció que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y que no permitirán ningún tipo de sanción contra quienes están en huelga. Dijo que en las últimas horas más despachos judiciales se están sumando al paro, por lo que se estima que en estos momentos 40.000 de los 42.000 servidores judiciales cesaron sus labores y, según advirtieron, lo seguirán haciendo hasta tanto lleguen a un acuerdo con el Gobierno Nacional, del cual esperan una mejor propuesta para no seguir causando estos traumatismos sociales.
Tanto Asonal Judicial como el Consejo Superior de la Judicatura son conscientes del daño que se le está causando al país. Ambas partes tienen confianza en que el Gobierno zanje las diferencias que impiden llegar a un acuerdo, porque sin lugar a dudas quienes se han visto perjudicados son la ciudadanía y la estabilidad nacional si no se fallan los procesos. Para nadie es un secreto que, queriéndolo o no, el paro judicial ha generado impunidad en muchos casos ya que delincuentes atrapados en flagrancia han recuperado su libertad tan pronto como se les niega la entrada a un juzgado y no se les legaliza su detención.