“No se vislumbra que el asesinato de Jaime Garzón hubiera ocasionado un perjuicio directo a una colectividad con características étnicas, religiosas o políticas (…) o que el homicidio de Jaime Garzón hubiera sido de tal magnitud que afectara a la humanidad”. Esta fue la conclusión a la que llegó el fiscal 71 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver la petición de la familia del humorista para que este crimen fuera declarado de lesa humanidad. Sin embargo, en una decisión de 22 páginas proferida en los últimos días –en la que se confirmó la acusación contra el coronel (r) del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo–, el fiscal negó esa solicitud.
En su criterio, no se cumplen los requisitos jurídicos para enmarcar este homicidio como un delito de lesa humanidad, lo que permitiría que el crimen de Garzón no prescribiera –es decir, en teoría, que la investigación no quedara en la impunidad–. Ya han pasado casi 16 años desde que sicarios asesinaron a Jaime Garzón la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando se desplazaba en su vehículo a la emisora Radionet. Un expediente con un solo condenado, ya muerto: el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
El fiscal de este caso sostuvo que no ha sido probada aún en grado de certeza la participación de agentes estatales en el crimen, aunque sí encontró evidencias dentro del proceso que comprometen al coronel Plazas Acevedo (exdirector de inteligencia de la Brigada XIII). Y aunque lo llamó a juicio, para la familia de Jaime Garzón resulta contradictora la posición de la Fiscalía. Aún más si se tiene en cuenta que el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, lleva varios años en juicio por este caso y se espera que un juez determine su condena o absolución.
Para los abogados de la familia Garzón, las pruebas sobre un supuesto contubernio entre los paramilitares de Carlos Castaño y funcionarios estatales, son muy claras. Por eso, reprocharon la reciente decisión del organismo investigador. Este miércoles la familia del humorista dará una rueda de prensa con mayores detalles sobre el contenido de la providencia que negó la declaratoria de lesa humanidad. La impunidad en este proceso es redonda. Y, además, está probado que altos funcionarios del DAS desviaron la investigación desde 1999.
Son múltiples los cabos sueltos que jamás se indagaron. Más de 50 hipótesis se descartaron de plano. Los autores intelectuales de este homicidio siguen pasando de agache. La Fiscalía, sin embargo, aclaró que “por ahora” no se han encontrado los elementos para declarar este crimen de lesa humanidad, pero que esto puede revisarse después. La familia Garzón no pide nada exótico: sólo justicia.