Ese es el caso de Ramón Isaza, alias El Viejo, el excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, quien se desmovilizó junto a 990 hombres y se sometió a la Ley de Justicia y Paz a principios de 2006.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, El Viejo tendría que responder ante la justicia ordinaria por 27 delitos de lesa humanidad que se le endilgan.
Eso significa que irá a juicio por esos crímenes fuera del mecanismo excepcional de judicialización que se creó en el gobierno Uribe dentro de las negociaciones de paz con los paramilitares y permitió a los desmovilizados pagar penas de máximo ocho años de cárcel.
En el fallo de 74 páginas la Corte confirmó la decisión de primera instancia que tomó un magistrado de Justicia y Paz de Bogotá, con función de control de garantías, quien se declaró sin competencia para conocer la imputación de delitos que hizo un fiscal a Ramón Isaza, por crímenes acaecidos después de que entrara en vigencia la Ley 975 (Justicia y Paz) de 2005.
Por su parte, el director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, Miguel Samper, dijo que este inconveniente está previsto por el Gobierno, pero aún no se ha hecho una reforma que permita ampliar el plazo para que los postulados a la Ley de Justicia y Paz no sean procesados por la justicia ordinaria por hechos cometidos después del 25 de julio de 2005. Sobre todo teniendo en cuenta que después de esta fecha se desmovilizaron cerca de 22 grupos paramilitares.