Así se pueden calificar los términos del cruce de reacciones entre el presidente Juan Manuel Santos y los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema, alrededor de las recientes decisiones que dejaron sin valor las pruebas del computador de Raúl Reyes y la condena a la Nación por la omisión en la toma a la base de Las Delicias en 1996.
El presidente Santos hizo un llamado el pasado jueves a los jueces a ponderar sus decisiones contra el Estado y los militares e indicó: “Confío en que, con el cabal entendimiento de nuestra compleja realidad por los ilustres jueces de la República, el terreno avanzado militar y políticamente no se perderá en los estrados judiciales”.
La reacción no se hizo esperar. Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, dijo que la sentencia a la Nación por el caso de Las Delicias no debe desmoralizar al Ejército y agregó: “Por el contrario, se trata de marcar los errores del pasado para que no se vuelvan a presentar… Fue un reproche a un actuar descuidado. La moral no se edifica en actuación negligente”.
Y agregó: “Se trata de sacar a luz pública la verdad de lo que ocurrió en esa toma. Los jueces administrativos marcan la frontera entre el correcto funcionamiento de la administración del Estado y es una contribución al buen funcionamiento del gobierno”, agregó Fajardo.
Por su parte, Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también se refirió a la declaración de Santos, pero no dio pie a la polémica al calificarla como “mesurada y respetuosa”. Eso sí, defendió la decisión del máximo tribunal colombiano, al decir que es una decisión eminentemente jurídica.
“La Corte siempre hace el ejercicio ponderado, con mesura, pero tiene que someterse a lo que dice el proceso. La Sala Penal está pendiente de resolver un recurso de reposición interpuesto por el Procurador”, puntualizó.