De no haber irregularidades en las actas de conciliación que fueron enviadas por el Congreso, la Corte Constitucional correrá traslado al Ministerio Público, a partir de lo cual el organismo contará con 30 días hábiles para pronunciarse en torno a la viabilidad del refrendo reeleccionista.
Paralelamente, el proyecto será fijado en lista, lo que significa que se abrirá un plazo de diez días hábiles para que todos los ciudadanos se pronuncien ante la Corte Constitucional, manifestando si están de acuerdo o no con la manera como se ha iniciado el estudio de exequibilidad de la iniciativa.
Será este el tiempo propicio contemplado legalmente para presentar las recusaciones u otro tipo de acciones jurídicas de las que se disponga, muchas de las cuales fueron rechazadas inicialmente por la Corporación, una vez radicada la Ley de Referendo en la Secretaría General de la Corte.
"Primer paso, la fijación en lista, que son diez días hábiles inmodificables, porque como es una convocatoria ciudadana, puede ocurrir que el décimo día, faltando diez minutos para que venza el término alguien traiga una intervención y tiene que ser aceptada", precisó Pinilla.
No obstante, el alto funcionario aclaró que si el magistrado sustanciador, Humberto Sierra Porto, encuentra alguna irregularidad u objeción frente a los últimos documentos aportados por el legislativo, puede redefinir un nuevo plazo para que se efectúen las correcciones a las que haya lugar, aplazando la fijación en lista y el traslado a la Procuraduría de la iniciativa.
El presidente de la Corte aclaró que pese los continuos pronunciamientos públicos referentes a la necesidad de que el estudio sea abordado con carácter prioritario, la Corporación no ha contemplado la pertinencia de declararlo como un proceso abreviado, ni ha recibido solicitudes oficiales en ese sentido.