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Culminó segundo día de indagatoria a Teodolindo Avendaño

El ex representante a la Cámara negó que haya recibido prebendas por ausentarse del recinto donde se realizó la votación final del proyecto de reelección presidencial. Dijo que se trata de un intento por desligitimar al presidente Álvaro Uribe y su gobierno. 

20 de mayo de 2008 - 02:11 p. m.
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A la salida de la diligencia, en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Salah, abogado de Teodolindo Avendaño, explicó que la indagatoria transcurrió con normalidad y todo el tiempo el ex parlamentario defendió su inocencia y reiteró que se ausentó de la votación no porque estaba enfermo sino por el accidente de un hijo en Cali.

Avendaño dijo a los magistrados de la Sala Penal que es muy sospechoso que se hayan presentado todas estas implicaciones y aseguró que se trata de una campaña para desprestigiar al presidente Álvaro Uribe y su gobierno.

Salah dijo que van a esperar que la Corte defina las directrices del proceso para decidir cómo enfilar la defensa jurídica. Pero desde ya pidieron citar al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega y demás personas que según Medina le entregaron prebendas.

Negó enfáticamente las acusaciones de Yidis Medina, quien durante su indagatoria ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la ex parlamentaria Yidis Medina dijo que a ella y al entonces representante Avendaño, los defensores y adversarios del proyecto de reelección los buscaron cuando faltaban cinco días para la votación.

Sostuvo la ex parlamentaria que ya fue llamada a juicio por la Corte, después que admitiera su responsabilidad en el delito de cohecho propio, que Hernando Angarita, hoy viceministro, le sugirió "comprar a Teodolindo" la Notaría 67 del Círculo de Bogotá en 450 millones de pesos. Según Medina, conocidos suyos realizaron consignaciones mensuales. Las pruebas fueron allegadas como pruebas en el proceso.

Dentro del mismo caso, esta mañana César Augusto Guzmán Areiza, asesor de Yidis Meduina, rindió declaración ante los magistrados de la Sala Penal, en compañía del abogado de la ex congresista, Ramón Ballesteros. A su salida de la diligencia ninguno de los dos quiso dar declaraciones a los periodistas.

De acuerdo con Medina, el Ministerio del Interior habría efectuado una orden de prestación de servicios a Guzmán Areiza a fin de que asesorara y brindara asistencia técnica a las autoridades territoriales durante dos meses. Incluso aportó copia de la comunicación de los términos de referencia.

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