La Corporación tumbó el inciso de la ley de justicia y paz que determinaba que "los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación".
La Corte argumentó que esos servicios sociales son obligación del Estado para todos sus ciudadanos, y por eso no se puede pensar que al otorgárselos a una víctima, se le está reparando.
El artículo 47 de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) habla de la rehabilitación a las víctimas de los actores armados, que debe salir del Fondo para la Reparación de las víctimas.
¿Quiénes son víctimas?
Son todos los civiles que "sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno"; los desplazados y toda persona menor de edad "que tome parte en las hostilidades".
De igual manera la ley considera víctima a la familia inmediata de quien haya sufrido el daño, a quienes estén a cargo de él o quienes tengan una relación directa con él.