La defensa de la senadora electa Aída Merlano anunció que apelará la decisión del Consejo de Estado en la que se le decretó la pérdida de investidura. La decisión de primera instancia conocida ayer , asegura que la dirigente política presa en la cárcel El Buen Pastor, vulneró los topes máximos de financiación electoral. El magistrado ponente del caso, Carlos Alberto Zambrano Barrera, estableció en su ponencia que Merlano gastó más de $1.730 millones, suma que supera de lejos el monto máximo permitido que es de $884 millones.
Este miércoles, el magistrado Zambrano explicó que Merlano sí fue notificada de la demanda en su contra. «No presentó defensa, no se presentó alegatos, pero otorgó poder al abogado para apelar. Funcionarios del Consejo de Estado notificaron a Aida Merlano de la demanda, ella fue visitada en el Buen Pastor, en la notificación hay una firma de Merlano, es posible que haya tenido confusión porque tiene tres demandas», indicó.
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El abogado Silvio Sanmartín confirmó a este diario que espera conocer el expediente en próximos días para presentar la apelación, para lo cual tiene un plazo de diez días. El Consejo de Estado aseguró que Merlano excedió los topes de campaña y para ello utilizó la investigación que adelanta la Fiscalía, desde marzo pasado, cuando anunció que, en la sede de campaña de la hoy exsenadora, habían encontrado armas, fajos de billetes, fotocopias de cédulas y documentos que les permitía inferir que allí se estaba comprando votos para las elecciones parlamentarias.
Días después del hallazgo en su sede de campaña, más conocida como La Casa Blanca, Aída Merlano fue capturada y puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Merlano es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir. De acuerdo con la Fiscalía, la organización «Casa Blanca» habría gastado más de $6.000 millones para conseguir la elección de Merlano el pasado 11 de marzo cuando alcanzó 73.250 votos.
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De acuerdo con el Consejo de Estado, “la renuencia injustificada de la demandada a rendir el informe de ingresos y gastos de campaña, el incumplimiento del deber de nombrar el gerente de la misma, la omisión en la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los recursos, evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para, con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado, como en efecto ocurrió”, señaló el alto tribunal.
En su defensa, la ya exsenadora ha manifestado que es inocente, que los dineros encontrados en su sede no fueron destinados para compra de votos y que, en cambio, eran los recursos normales de gastos de su campaña política. Y sobre las armas que fueron encontradas, manifestó que están debidamente certificadas.
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