Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego quien defiende los intereses del exministro Andrés Felipe Arias señaló que el Ministerio de Agricultura ha sido renuente en responder los derechos de petición solicitados para la entrega de pruebas dentro del proceso que se adelanta contra su cliente por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Según Gómez Gallego de los 38 derechos de petición presentados, 34 no han tenido respuesta, por lo que anunció que demandará a los funcionarios del Ministerio de Agricultura quien han hecho omisión en 23 de estas acciones.
“Consideramos que se han presentado ocultamiento de evidencias y de información, hecho por el cual no estamos en igualdad de condiciones procesales con la Fiscalía”, precisó el abogado del exministro de Agricultura.
Señaló además que esta renuencia también se ha presentado en los otros procesos contra los otros funcionarios del Ministerio de Agricultura implicados en la entrega irregular de subsidios de Agro Ingreso Seguro.
Al exjefe de la cartera de Agricultura se le acusó formalmente de haber utilizado el programa bandera de su administración como plataforma política con el fin fundamental de encontrar apoyo entre un grupo de empresarios para su precandidatura presidencial por el partido Conservador.
Según la fiscal General, Viviane Morales Hoyos, el exministro manejó todas y cada una de las etapas del programa, incluyendo la entrega de los subsidios no reembolsables para programas de riego y drenaje que terminaron en manos de grandes empresarios de la costa.
Considerando así que su despacho contrató de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) violando así los requisitos legales en materia de contratación en Colombia.
La gravedad del asunto en el caso de Arias radica en el hecho de que dichos contratos fueron fijados como de cooperación científica cuando en realidad era para la administración de recursos, por lo que era obligatorio convocar a licitación pública.
El excandidato presidencial permanece recluido en el Cantón Norte desde el pasado 29 de julio, cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento al considerar que podría obstruir a la justicia.