La Fiscalía y el complejo judicial de Paloquemao tienen todo listo para que el próximo 26 de febrero se realice la audiencia de imputación de cargos en contra del empresario Roberto Prieto. Sin embargo, la defensa del exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos acaba de cambiar. El equipo de abogados que ahora tiene el poder para defenderlo está en cabeza del jurista Marlon Fernando Díaz. (En contexto: Roberto Prieto será investigado formalmente por supuestos sobornos de Ruta del Sol 3)
A través de un comunicado de prensa, la defensa explicó que Prieto está dispuesto a acudir a todos los escenarios para explicar cuál fue realmente su papel en el escándalo de corrupción por cuenta de los sobornos que pagó la firma Odebrecht en Colombia. “Hemos diseñado un programa metodológico y ordenado a los investigadores la realización de actos de investigación, necesarios para una adecuada y eficiente preparación de las audiencias convocadas”, explicó Díaz.
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Por esta razón, y dado que su investigación en bases de datos en Paloquemao solo se realizará hasta el próximo 5 de abril, la defensa de Prieto ya le pidió a la Fiscalía que aplace la audiencia de imputación de cargos para que puedan realizar la investigación con el tiempo suficiente que dispone la ley.
“Reiteramos la total disposición de la defensa, tanto material como técnica, de concurrir a la nueva fecha que se programe para la realización de la audiencia, contando para ese momento con los medios cognoscitivos indispensables para afrontar, en ejercicio del principio de igualdad de armas, la investigación que por varios meses viene adelantando la Fiscalía”, dice el comunicado de prensa.
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Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, el nombre de Prieto ha aparecido en diferentes frentes de la investigación. Uno de estos se refiere a los sobornos en el proyecto Ruta del Sol 2, en particular a la adición del contrato para la vía Ocaña-Gamarra. El propio expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, reconoció que Prieto había mostrado un «interés especial» en esa adición.
Para la Fiscalía, hay pruebas suficientes para demostrar que Prieto “habría influido de manera determinante ante la ANI con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A.”, y a cambio, habría recibido $650 millones.
Desde otro frente de investigación, la Procuraduría, en agosto del año pasado, también abrió una investigación en su contra por el periodo en el que fungió como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según el Ministerio Público, Prieto habría gestionado intereses privados de Marketmedios en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado ante ese organismo internacional de crédito.