El abogado Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses de Óscar Iván Zuluaga, aseguró que la Fiscalía General no le otorga las garantías procesales a su cliente en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon las actividades ilegales adelantadas por el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.
El jurista aseguró que el actual presidente del Centro Democrático rechazó la forma en cómo se conoció su llamado a interrogatorio, puesto que el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet hizo el anuncio en un medio de comunicación. Con esta acción, considera, se presenta una acción indebida a los jueces de la República y una vulneración al debido proceso.
“Esta presión sin antecedentes en la historia de Colombia constituye un ejemplo más de falta de garantías, que tienen algunas personas, que por su posición política en Colombia no comulgan con algunas posturas públicas que ha asumido el fiscal General de la Nación”, precisó el abogado quien manifestó que no se descarta que el excandidato presidencial solicite un asilo internacional.
En este sentido señaló que en esta investigación se ha presentado un “bombardeo mediático” y una “presión indebida al juez” que estudia el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el ‘hacker’ Sepúlveda. “Considera que no se dan la garantías necesarias en esta politización de la justicia y acudirá a todos los mecanismos de protección jurídicos nacionales e internacionales”.
“Estamos hablando que se está pretendiendo judicializar a un candidato presidencial que sacó siete millones de votos y que se utilizó este mecanismo para sabotear las elecciones del año pasado”, precisó el abogado al manifestar que es evidente que en este proceso existe un trasfondo político.
Para el abogado con las declaraciones del Fiscal General en un medio de comunicación y los artículos periodísticos que se han publicado en las últimas semanas se ha buscado “criminalizar la oposición política” haciendo referencia a la posición que ha tenido Zuluaga con el proceso de paz y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
El video del ‘hacker’ con Sepúlveda
El abogado igualmente cuestionó la respuesta entregada por el Fiscal General frente a la no entrega del video original en el que aparece el entonces candidato presidencial en la oficina del ‘hacker’ hablando de estrategias en el campo informático y los “golpes” que se iban a dar durante los comicios en marzo de 2013 en la primera vuelta presidencial.
Granados aseguró que pese a que ha hecho la petición en cuatro oportunidades no ha recibido respuesta alguna por parte de la Fiscalía General. Aseguró que al romperse la reserva de la indagación al ser filtrada a los medios de comunicación se pierde la privacidad que argumentó el Fiscal General frente a estos elementos materiales probatorios.
En este sentido reiteró que existen evidencias que indican que la grabación fue alterada, señalando que los peritos internacionales necesitan la copia original de la grabación hecha por teléfono celular por parte de una persona que trabajaba con Sepúlveda Ardila para lograr una conclusión final en el peritaje.
Igualmente aseguró que con este tipo de filtraciones se ha buscado afectar el concepto en la opinión pública en esta investigación. En este punto hizo referencia a la información sobre 250 millones de la campaña del candidato del Centro Democrático que no fue reportada al Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Lo que ha trascendido del contado de la campaña no es cierto”, aseguró Granados Peña al manifestar que existe un reporte del órgano electoral que indica que si se informó sobre estos movimientos en la campaña.