Sin embargo, los familiares denunciaron que el proceso se encuentra atrasado por la "negligencia" de la juez 51 penal que lleva el caso, Cristina Trejos Salazar, quien según las versiones de los familiares de las víctimas, se ha dilatado.
"Se llamó a 270 testigos, algunos de ellos ya muertos, dejó al Coronel y a los investigados libres por el vencimiento de términos y no ha acogido varias solicitudes de la Fiscalía para agilizar el proceso", señaló René Guarín, familiar de una de las víctimas de Palacio.
Sánchez Rubiano es investigado por la desaparición de 11 personas de la cafetería del Palacio de Justicia durante la retoma del M-19 en 1985, cuando él ejercía como jefe de inteligencia de la Brigada XIII, en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación había dictado medida de aseguramiento en contra del coronel por el delito de desaparición forzada agravada.
La decisión había sido adoptada por la Fiscalía al considerar la pena contemplada para ese delito. En el proceso habían más de 600 pruebas testimoniales y documentales, como el registro de libros de entrada de rehenes a la XIII Brigada del Ejército.
En la época de los hechos, Sánchez Rubiano era el comandante del B2, sección de inteligencia de esa Brigada acantonada en Bogotá. En el proceso han dado su testimonio el ex presidente Belisario Betancur Cuartas, el general ( r ) Rafael Samudio Molina, y el coronel ( r ) Alfonso Plazas Vega, entre otros.
La Fiscalía había encontrado evidencias de que Carlos Rodríguez Vera y María del Pilar Guarín, administrador y empleada de la cafetería, respectivamente, salieron con vida del Palacio de Justicia tras la toma.