Un portavoz de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), precisó que la denuncia fue hecha por Cantalicio Monroy, gobernador indígena de la comunidad de Barranco Siare.
En esa región habitan las comunidades aborígenes de los sikuanos, los guayaberos y los nukak makú.
Monroy "confirmó las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado, enviadas en una carta, sobre las consecuencias que traerían las fumigaciones en ese municipio", señaló la fuente de Codhes.
Codhes señaló que la comunidad solicitó integrar una comisión de varias instituciones estatales para que viajen a la región y conozcan los problemas, derivados de las fumigaciones.
Tanto Codhes como una comisión de esa comunidad pidieron en abril pasado a la Defensoría del Pueblo y a la agencia presidencial Acción Social la suspensión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilegales.
Las aspersiones, sin embargo, comenzaron en abril al tiempo que los efectos nocivos para la comunidad: daño a los cultivos de pan coger y afectación económica, según Codhes.
El resultado es "una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir en días de verano, cuando baja el caudal de los ríos", subrayó esa ONG en un comunicado.
Desde enero pasado, según la denuncia, se han desplazado unas 5.000 personas hacia Puerto Carreño y Villavicencio, capitales de los departamentos del Vichada y el Meta, al este y centro este del país, respectivamente.