En los últimos días, por lo menos tres denuncias diferentes han sido radicadas en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría advirtiendo de posibles irregularidades en la contratación en Cota (Cundinamarca) en el marco de la emergencia por el COVID-19. Los documentos señalan aparentes sobrecostos en la compra de mercados para población vulnerable y desinfección de calles; y que estos millonarios negocios se habrían entregado a contratistas que poco idóneos para llevarlos a cabo.
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Una de los documentos radicados en los entes de control se puso a la tarea de comparar todos los contratos para comprar mercados dirigidos a poblaciones en vulnerabilidad de Cundinamarca. Así encontró, por ejemplo, que mientras el alcalde de Cota, Orlando Guitarrero, autorizó la compra de mercados de $150.000, en los otros municipios del departamento el promedio por mercado fue de $101.000. Además, los mercados de otros municipios, que salieron más económicos son más completos: mientras en Cota les entregaron 14 alimentos de la canasta familiar, en Mosquera, donde cada mercado costó $108.800 les entregaron 18 productos.
La Alcaldía de Cota le pagó $750 millones al Grupo Empresarial Food S.A.S. por estos mercados, pero, al comparar los precios por unidad con los valores que manejan grandes superficies como Jumbo o D1, el denunciante también encontró posibles sobrecostos por más de 50%. El municipio armó mercados con azúcar morena, café, frijol, aceite vegetal, leche en polvo, lenteja, harina de maíz, panela, atún en lata, arroz, chocolate con azúcar, sal yodada, harina de trigo y espagueti; productos que, con IVA y comisión de intermediación se habrían conseguido en un almacén de cadena por un valor total de $94.080, “lo que permitiría inferir un sobrecosto de $55.920” por mercado, señala la denuncia.
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Asimismo, los denunciantes indagaron por la empresa a la que se le entregó este contrato de manera directa. En el sistema de contratación pública Grupo Empresarial Food S.A.S. asegura que su domicilio es en la vereda Parcelas del municipio. Sin embargo, al acercarse al lugar, los denunciantes solo encontraron una pesebrera, no una distribuidora de alimentos identificada, “un elemento que genera inconsistencias frente a la idoneidad de esta empresa para la contratación”, según le contaron a los entes de control.
Por otro lado, el municipio suscribió dos contratos para la desinfección del espacio público. Ambos, de manera directa, se los entregó a Alianza Eventos y Comunicación Ltda. ($400 millones); Construyendo Presenta S. A. S. ($839 millones), para un valor total de $1.239 millones. Sin embargo, al analizar los objetos de ambas empresas, los denunciantes se encontraron con que la primera está dedicada a prestar servicios de publicidad y la segunda, aunque cuenta “con una pluralidad amplia de actividades económicas, ninguna de estas se relaciona con la comercialización de productos químicos como el hipoclorito de sodio”, químico por el que la Alcaldía le contrató y le pagó $10.800 por litro.
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Los denunciantes señalaron también que Cajicá pagó $300 millones por la adquisición de este mismo líquido desinfectante lo que llevó a que los denunciantes se preguntaran en los documentos radicados ante los entes de control: ¿cómo es posible que Cajicá, un municipio que cuenta con el doble de habitantes de Cota, y con una superficie mayor por 4 kilómetros cuadrados, haya pagado menos de la mitad por el mismo producto? El valor también está muy por encima de lo que pagó Gachancipá ($19 millones), Sopó ($113 millones) y Cogua ($15 millones).
Por todo esto, los ciudadanos piden investigar al alcalde Guitarrero. Uno de los denunciantes, de hecho, ha interpuesto derechos de petición para conocer cuántos procesos tiene el alcalde encima, además de los tres disciplinarios que la Procuraduría ha anunciado. En respuesta, la Fiscalía certificó que el mandatario local tiene vigentes 12 noticias criminales. Es decir, tiene una docena investigaciones penales por delitos como fraude en la inscripción de cédulas, estafa, corrupción de sufragante, cohecho propio, y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
El Espectador consultó al alcalde Guitarrero sobre estas denuncias, pero sin conocerlas a fondo ni dejarnos entrar en mayor detalle, contestó: «Lo primero, es señalar que no son ciertas las acusaciones y que son absolutamente infundadas. En segundo lugar, estamos, como es nuestro deber, atendiendo las visitas de los órdenes de control y allegando la información contractual».