Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes serán demandados los integrantes del máximo tribunal contencioso administrativo que votaron de manera negativa la demanda de pérdida de la investidura que pesaba en contra de la ex senadora, Martha Lucía Ramírez.
El abogado Saúl Villar insistió en que la decisión carece de legitimidad, pues el mismo Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, certificó que el acuerdo que convirtió a la ex ministra de Defensa en contratista del Estado, se produjo fuera del plazo determinado por la Ley para evitar las inhabilidades.
Añadió que la orden de servicios del 30 de septiembre de 2010 que suscribieron la hoy precandidata presidencial y la firma estatal está respaldada, además, por una certificación que emitió esa misma entidad financiera, y de ahí que sostenga que la dirigente sívioló el régimen de inhabilidades.
Precisó que, dentro de la misma colegiatura, los magistrados de la Sección Quinta tuvieron en cuenta tales evidencias y que fue esa la razón que los llevó a decretar la nulidad de su elección como senadora, luego de que renunciara a la curul que obtuvo en los comicios parlamentarios de 2006.
Para el jurista, puede tratarse de un nuevo caso de corrupción, que se produce en el seno de una entidad que, como el Consejo de Estado, ha estado fuertemente salpicada por ese flagelo.
Aunque dice no tener mucha confianza en la actuación de la Comisión de Acusación, teniendo en cuenta sus precedentes manifestaciones frente a denuncias de similar naturalezas, precisó que es importante sentar un precedente y alertar a los colombianos acerca de la escasa transparencia con la que siguen actuando algunos de los dignatarios de las ramas del poder que representan a la ciudadanía.