John Fernando Vásquez, abogado del general (r) Iván Ramírez, concluyó que debido a las irregularidades que se dieron en el levantameniento de los cadáveres de la toma del Palacio de Justicia y frente a la imposibilidad de identificar a varias de las víctimas, resulta ilógico descartar que las personas que figuran como desaparecidas no hayan muerto calcinados.
Dice que son claras las evidencias de la posible manipulación de la escena del crimen, toda vez que muchos de los restos de las víctimas estaban mezcladas entre sí e incluso varias no fueron identificadas.
Vásquez mencionó el caso del magistrado auxiliar Emiro Umbreto Sandoval, cuya identificación derivó de una determinación del director de Medicina Legal de la época Egón Lichtenberger, pese a que el informe inicial señalaba la existencia de la parte superior de un cuerpo calcinado sobre el de otro cadáver.
Agregó que un caso emblemático de la manera poco controlada como se dio el proceso de identificación y entrega de los cuerpos sin vida es el de Lucy Amparo Oviedo, pues, degún él, su familiar Jairo Arias Méndez había denunciado que un funcionario del instituto forense le había sugerido llevarse culaquier otro cadáver, ya que no encontraban el de su ser querido.
El abogado añadió que según declaraciones de empleados de Serviaseo, fueron encontradas partes de cráneos, dedos humanos y otros restos carbonizados que terminaron en la basura y que no fueron objeto de verificación técnica ni científica por parte de las autoridades.
Dijo que no fue juicioso el cumplimiento de los protocolos de necropsia, incluso que muchos de los cuerpos fueron identificados, simplemente, porque allegados a la víctima concluyeron que su contextura física se asemejaba a la de su ser querido, como en el caso del magistrado Miguel Darío Vásquez, reconocido por su amigo Jaime Córdoba Triviño, quien luego sería presidente de la Corte Constitucional.
Precisó 37 y no 24, como seguraba la Fiscalía, fueron los cadáveres del Palacio enterrados en fosas comunes, 13 de los cuales ya fueron identificados; Vásquez denunció que el testigo Farncisco Ospina Díaz admitió no haber podido cumplir la orden de llevar a la fosa común uno de los cuerpos, debido a que éste desapareció de la morgue, lo que refuerza la impresión en torno al deficitario proceso de inhumación que, insiste, es la calve para tener la casi ceterza de que quienes figuran en la lista de desaparecidos, en realidad murieron quemados.
El jurista asegura que las imágenes en las que varios familiares de esas personas dicen haber reconocido a sus seres queridos abandonado el Palacio con vida, y escoltados por la Fuerza Pública, no ofrecen ninguna certeza de que sean precisamente ellas, y de allí que considere débil la tesis entorno a las desapariciones.
Vásquez ha manifestado que esos rehenes debieron morir calcinados en el cuarto piso y que incluso hay rehenes que fueron rescatados por las Fuerzas del Orden y que dicen ser las personas en las cuales los familiares de las víctimas dicen reconocer a sus seres queridos.
La Procuraduría, por su parte, aunque admite la ocurrencia del delito, por lo menos en ocho de los casos, considera que no hay ningún elemento que lleve a concluir que Ramírez o los oficiales (r) Fernando Blanco y Óscar Wiliam Vásquez tienen responsabilidad en el hecho.
El mismo oficial (r), quien dirigía el Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia, Coici, para la época de los hechos, con lágrimas en los ojos, se declaró víctima de algunas versiones de prensa, de la Fiscalía y de los abogados de la parte civil, al argumentar el por qué debe ser absuelto por parte de la juez 51 penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, a cargo del proceso.
Ramírez cuestionó además las declaraciones de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes dijeron haber sido conducidos a la sede del Coici, en el barrio San Cristóbal de Bogotá, donde habrían sido sometidos a torturas y vejaciones.
También pidió que se investigue por falso testimonio a su ex subalterno Marlio Quintero Pastrana, un taxista al servicio de ese organismo de inteligencia, que aseguró que eran frecuentes los interrogatorios con torturas que se practicaban en esa unidad militar y dijo que otro de los acusados, el mayor (r) Óscar William Vásquez, lo había estado intimidando para que no declarara en su contra, indicando que lo creía capaz de ordenar su asesinato.