Aunque los temas que la Rama Judicial tiene por definir en 2009 son la conmoción interior, la emergencia social, las tutelas relacionadas con la crisis que originaron las pirámides y DMG, la continuidad de la parapolítica, los casos de salud, servicios públicos y los diversos temas laborales, entre otros de gran trascendencia nacional, sin lugar a dudas el mayor reto de la justicia es descongestionar sus despachos.
Según el presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, el tema de la congestión es un punto candente para cortes como la que él preside, pues la Sección Tercera en estos momentos tiene más de 12 mil procesos y apenas se están evacuando casos que ingresaron a fallo para el año 2000. Lo favorable en su caso es la sentencia modificatoria de la ley estatutaria, la cual va a permitir la entrada en funcionamiento de cuatro nuevos consejeros para dicha sección. Situación igual de complicada y menos halagüeña afronta la Corte Constitucional. Según su presidente, Humberto Sierra Porto, hay semanas en las que llegan entre 10 mil y 15 mil tutelas y ellos no van a contar con nuevos magistrados.
Es un enorme represamiento de decisiones pese a las 410.670 tutelas que falló la rama a finales de diciembre de 2008. Es un proceso de descongestión que los magistrados y jueces deben asumir, esta vez con la esperanza de que no se vuelvan a presentar los choques entre las cortes y el presidente Álvaro Uribe, como en el paro de 44 días en el que se dejaron de tomar más de 127.000 decisiones y que generó la primera conmoción interior judicial, el intento de reforma a la justicia que lideró el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y la bomba en Cali que dejó inutilizables por lo menos 200 despachos judiciales.
Son propósitos en donde se tiene que fortalecer la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el cual es atendido por 2.152 despachos judiciales, lo que equivaldría al 50% en el orden nacional. Objetivos que, de acuerdo con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, permitieron adelantar 759.087 audiencias, de las cuales 499.188 (65,7%) fueron de control de garantías y 259.899 (34,3%) de conocimiento, y que seguramente aumentarán como ha venido ocurriendo en los últimos años. Todo esto con un costo de $670 mil millones, equivalente al 51% de los gastos de funcionamiento del sector jurisdiccional. Esta cifra se suma a los más de $1,41 billones aprobados por el Estado para su funcionamiento en 2008, es decir, $3.873 millones diarios.
Un ejemplo claro del incremento de los procesos judiciales son las sentencias que en su totalidad se profirieron en 2008. Éstas superaron los 1,8 millones de casos fallados, cifra que sobrepasó por más de 130 mil decisiones las registradas en 2007. Así las cosas, para afrontar la demanda judicial de 2009, el sector jurisdiccional colombiano cuenta con 4.445 despachos judiciales, lo que equivale a 9,9 jueces por cada 100.000 habitantes, haciendo presencia en todos los municipios del país. Según Torres Corredor, esa tendencia a incrementar la demanda de la justicia se debe a que “los ciudadanos identifican en los jueces la posibilidad de materializar sus derechos y garantías, cuando no son reconocidos por una autoridad o son quebrantados por otros ciudadanos”.
La vacancia judicial va hasta el próximo martes 13 y los 23.000 funcionarios y empleados del aparato de justicia tienen la responsabilidad de lograr estabilizar la capacidad de respuesta de la Rama Judicial, la cual el año pasado estuvo en 4.725 decisiones al día, lo que equivale a un reporte de 590 fallos por hora, en un país que comenzó el año con un enorme represamiento de decisiones por falta de jueces, por los distintos inconvenientes que afrontaron en lo corrido de 2008.