Mientras que unos 60 excongresistas han sido condenados por sus nexos con los paramilitares, apenas uno ha sido sentenciado por sus vínculos con las Farc: el exrepresentante Pedro Nelson Pardo. Si la parapolítica ha andado en coche, la farcpolítica lo ha hecho en bicicleta. La historia sobre los nexos entre este grupo armado ilegal y la clase dirigente sigue sin ser contada; no obstante, pareciera que la justicia, por fin, le va a meter el acelerador.
El vicefiscal Jorge Perdomo anunció ayer que la Fiscalía adelanta 1.500 procesos relacionados con la presunta participación de civiles “o terceros” en hechos confesados por guerrilleros que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Un anuncio clave ante la posibilidad de que, firmada la paz en marzo, se cree un Tribunal Especial para la Paz que juzgue a los protagonistas del conflicto y, a su vez, a quienes les colaboraron desde la sociedad civil.
Estos procesos se basan en las declaraciones dadas por guerrilleros que se desmovilizaron individualmente y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, la cual fue reformada precisamente para permitir que exguerrilleros se acogieran a ella. Fue creada en virtud de los acuerdos entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia.
De la lista de declarantes hacen parte Elda Neyis Mosquera, alias Karina; Ely Mejía Mendoza, alias Martín Sombra; Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, y Luis Emiro Rojas Pérez, alias Olimpo. “Ellos, que están participando en Justicia y Paz, contaron cosas que por supuesto con los anuncios que hizo el Gobierno Nacional sobre justicia transicional para aquellos terceros civiles que colaboraron o participaron en el conflicto armado, cobran especial relevancia”, dijo Perdomo.
De los procesos, 844 se relacionan con las Farc, 235 con el Epl, 208 con Eln, 108 con el Erg y 57 con el Erp. Se trata de investigaciones por 543 homicidios, 380 secuestros, 93 reclutamientos ilegales, 78 extorsiones, 55 desapariciones forzadas, entre otros. En el grupo de personas que aparecen vinculadas a cada proceso, que son por lo menos 1.500, según la Fiscalía, hay 100 servidores públicos, entre personeros, concejales y uniformados.
En lo que a homicidios se refiere, Perdomo sostuvo que muchos de estos casos fueron asesinatos “donde particulares pagaban por ejemplo para que se matara (…) por ejemplo, terceros civiles que no hacían parte de las guerrillas pero que pagaban a miembros de las guerrillas para matar sus contradictores políticos. O por ejemplo para apoderarse de tierras, para hacer despojos, para hacer desplazamientos”.
Algo similar ocurre con los secuestros. Hay muchos procesos, dijo el vicefiscal, por plagios realizados por las guerrillas a solicitud de terceros. O, entre otros, particulares que brindaban información sobre las personas que, en su criterio, podían ser secuestradas. “Decían quiénes eran los empresarios, quienes eran los hacendados”.
En el caso del reclutamiento forzado, había particulares que al parecer daban información sobre menores desprotegidos o en condición de vulnerabilidad para que fueran reclutados por las guerrillas. De acuerdo con el representante del ente investigador, de estas personas sólo serán investigadas por un posible Tribunal Especial para la Paz “aquellos terceros determinantes en la comisión de delitos graves”.
“Habrá que determinar cuál de esas colaboraciones se puede entender como una colaboración determinante. Esas personas tendrán unas sanciones iguales a las de los demás responsables, es decir, sanciones privativas del derecho a la libertad entre 5 y 8 años”. Esto no incluye a aquellas personas que hayan colaborado con estos grupos armados ilegales tras ser coaccionadas o amenazadas.
No se trata, según Perdomo, de una cacería de brujas. Sin embargo, sobre todo después de la experiencia de Justicia y Paz, programa en el cual los falsos testigos se han multiplicado, la justicia debe ser más que exigente. Un solo ejemplo explica por qué la rigurosidad de la justicia será más que obligatoria: de Olivo Saldaña, uno de los declarantes que mencionó el vicefiscal, la propia Fiscalía pidió hace cuatro años su expulsión de Justicia y Paz por mentiroso. Los procesos de ocho supuestos colaboradores de las Farc, delatados por Saldaña, se cayeron en juicio. Es deber de la Fiscalía activar todos sus filtros para que los casos que lleguen al Tribunal para la Paz tengan sentido.