El problema del desplazamiento sigue afectando notablemente los sistemas de salud y de seguridad social en Antioquia, al punto de poner en riesgo su estabilidad, admitió el gobernador del departamento, Luis Alfredo Ramos.
Según el dirigente, fueron más de 150 mil las personas que dejaron sus hogares y sus cultivos en el campo, huyendo de la violencia que aún protagonizan actores armados legales e ilegales en esa región.
Han sido numerosos los esfuerzos que ha tenido que asumir la administración, señaló Ramos, aunque la Gobernación ha presentado soluciones efectivas a ese tipo de población, que en algo han contribuido al mejoramiento de su precaria situación.
Advirtió que el departamento entregó cerca de mil viviendas de interés social a los desplazados, que fueron financiadas por esa corporación regional.
El pronunciamiento se dio en el marco de la audiencia citada por la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, a través de la cual el alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.
Además de Ramos, fueron llamados a rendir cuentas los gobernadores de Cundinamarca y Valle, además de los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Soacha.