Cual si fuera una premonición, hace una semana el representente a la Cámara, Alirio Uribe, dijo que el gobierno estaba «haciendo un lobby muy fuerte para que se levante el Estado de Cosas Inconstitucional por desplazamiento». Lo hizo durante un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Y dicho y hecho.
Ayer, durante una audiencia convocada por la Corte Constitucional para debatir sobre las medidas que se han tomado para combatir el desplazamiento en Colombia, la directora para la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, le solicitó al alto tribunal que levante, parcialmente, esta advertencia hecha hace 11 años y reconozca los avances que ha habido, entre otras, en educación, salud y alimentación para las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia.
Gaviria resaltó, entre otras, que la inversión para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada «ha aumentado en un 430%, en términos reales de 2002 a 2014” y que «más de 507.000 víctimas han recibido la indemnización administrativa, lo cual implica una inversión superior a $3 billones, algo histórico en el país. De este universo, 87.177 son víctimas de desplazamiento forzado, que recibieron una suma de $337.567.744.070».
Según ella, el 78,6% de los hogares que tuvieron que desplazarse «consideran que ya han iniciado su proceso de retorno y/o reubicación; el 91% de ellos no han sido nuevamente desplazados y el 80% no ha sufrido ningún otro hecho victimizante. Esto nos indica que han mejorado las condiciones para el regreso, proceso en el que la Unidad para las Víctimas ha acompañado a 80.000 hogares». En lo que va del año, dijo, se han indemnizado a 20.854 víctimas de desplazamiento «por un valor de $78.361.123.686, es decir, el 91,5% de las víctimas durante la presente vigencia».
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que hay que reconocer que los afectados por el conflicto «ya no piden limosnas, son ciudadanos de primera categoría y exigen sus derechos», que ya se ha focalizado el 90% del territorio nacional y que, de ese porcentaje, el 47% está microfocalizado; «es decir, ya se están atendiendo las víctimas reclamantes de ese porcentaje de territorio.
Igualmente, «13.078 casos de restitución de tierras ya están formalizados, lo que se traduce en 169 mil hectáreas de tierra restituidas». De la misma forma, Cristo anunció la expedición de un decreto para establecer, puntualmente, las responsabilidad del gobierno central y de los mandatarios locales en la implementación de la ley de víctimas. «Seguramente en 2021 tendremos un número muy grande de víctimas reparadas, que podrá decir que recibió atención estatal y se le respetaron y defendieron sus derechos», dijo, muy seguro, el ministro del Interior.
Pero algo muy distinto creen los organismos de control y algunos sectores del Congreso, para quienes falta mucho para que se levante el Estado de Cosas Inconstitucional. El contralor Edgardo Maya Villazón, por ejemplo, viene diciendo desde junio pasado que es necesario ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras debido a rezagos en su implementación, pese a algunos avances, sobre todo, en la política de vivienda para las víctimas.
Por su parte, para el procurador Alejandro Ordóñez, pese a que ha habido avances, no es posible levantar el Estado de Cosas Inconstitucional «porque las falencias, debilidades y obstáculos identificados inicialmente por el juez constitucional hoy no han variado». Ordóñez denunció, entre otras, que el 67% de los desplazados se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema y que «existen altas tasas de analfabetismo por lo que se hace necesario trabajar en ello». Aunque reconoció avances en salud y educación para esta población que representa al 15% del total de colombianos. Algo similar dijo el vicedefensor del Pueblo, Manuel Esiquio Sánchez, para quien el cumplimiento de los objetivos señalados hace 11 años ha sido «bajo».
Por los lados del Congreso, valga recordar el debate de control político realizado la semana pasada en la Cámara de Representantes y al que asistieron el presidente del Banco Agrario, Francisco Solano, el director de la Unidad para la Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, y la misma Paula Gaviria.
En este se pusieron de presente algunos de los logros que ha tenido el gobierno en la materia. Sabogal, por ejemplo, reveló que ya se han microfocalizado 12 millones de hectáreas para restitución y que hay 37 mil procesos en trámite y 12 mil casos de restitución ya finalizados. Sin embargo, durante el debate un frase lapidaria pronunciada por el representante Alirio Uribe: «Va a ser imposible que se cumpla el plazo del 2021 para indemnizar a todas estas familias», en referencia a las familias desplazadas. Un señalamiento que quedó sin respuesta. Ante este panorama, la Corte Constitucional tiene la palabra sobre si levanta o no el Estado de Cosas Inconstitucional tras 11 años. Así sea parcialmente.