Durante 120 meses deberá apartarse de la función pública la fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, Catalina Ahumada González, destituida de su cargo por el Consejo Superior de la Judicatura, tras haber incumplido la prohibición de celebrar contratos estatales durante su gestión.
El convenio firmado por la operadora jurídica y el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, el 7 de septiembre de 2006, terminó siendo la prueba palmaria de la falta cometida por la jurista, según lo establece la sentencia, con ponencia del presidente de la Sala Disciplinaria, magistrado Henry Villarraga.
Así, sostiene la Sala, la funcionaria terminó violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que contempla la prohibición reinante frente a este particular acuerdo.
La fiscal argumentaba que se trataba de una concesión a la que tuvo acceso de manos de Ingeominas que, por su naturaleza, no estaba dentro de la órbita de la contratación estatal; sin embargo, la Sala no acogió esa tesis y señaló que la disciplinable era merecedora de la imposición de la sanción.
Además, dice la Judicatura, Ahumada González había litigado en asuntos relacionados con la actividad minera, por cuanto era plenamente consciente de que ese tipo de negocios se rigen única y exclusivamente a través de la Ley de contratación estatal.
“Habría bastado con que la inculpada hubiere acudido a la Ley 80 de 1993, para superar el supuesto ‘error’ en que se encontraba respecto de la naturaleza del contrato de concesión (…) Por eso no es de recibo esa afirmación”, concluye la providencia.