El Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad a 14 uniformados de la Fuerza Pública involucrados en el asesinato de cinco civiles cercanos a los paramilitares de los Llanos Orientales, ocurridos en Tauramena, Arauca.
La medida cobija a Haizer Etiel Meléndez Malagón, en su condición de Comandante de la citada compañía y los soldados profesionales José Humberto Barrera Lizarazo, Didier Calderón Rodríguez, Ricardo Pérez Garzón, Jairo Oros Morales, Luis Ángel Mancipe Peroza, Cesar Augusto Martínez Arias, Rodrigo Osuna Rivera, Melquis Edilson Ortíz Bosa, Eider Manuel Martínez Vásquez, Juan Alberto Murillo, Tito Alexander González Avella, Rutbel Chativa Tumay y Jorge Eliécer Hernández Camargo.
La Procuraduría General precisó en un comunicado que los sancionados, un teniente y trece soldados, conformaban una compañía de infantería del Ejército que el 25 de mayo de 2005 mataron a una mujer y a cuatro hombres que tenían nexos o pertenecían a un grupo paramilitar que actuaba en el Casanare, departamento del que es capital Yopal.
Los cinco fueron ejecutados de manera extrajudicial un día después de haber sido retenidos ilegalmente en una finca de propiedad de una de las víctimas, agregó la entidad de control disciplinario de los funcionarios del Estado.
Según la versión de los militares, estas personas murieron en un enfrentamiento que se desató tras haber atacado a la patrulla del Ejército en la zona rural de la población de Monterrey.
Sin embargo, la entidad estatal resaltó que la investigación permitió probar que estas personas murieron por "múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego" y que "los disparos fueron realizados por miembros del Ejército Nacional".
"Estas personas no resultaron muertas en un combate con la fuerza pública, sino que fueron intencionalmente ultimadas por los militares y estos, para encubrir su comportamiento, simularon un enfrentamiento, que (…) realmente no existió", enfatizó la procuraduría.
Los implicados, advirtió la procuraduría, "violaron los deberes humanitarios de respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas residentes en el territorio nacional, aún cuando estas se encuentren vinculadas o colaboren directa o indirectamente con los grupos armados ilegales" .