Tras comprobar que los disciplinados sometieron a numerosas torturas a un recluso del Centro Carcelario y Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, el ministerio público incluyó una inhabilitación para los implicados.
Se trata de los cabos José Arbey Quintero Castrillón Y Jorge Hernán García Bermúdez y los dragoniantes Jorge Barrietos Giraldo, Jorge Enrique Molina Rojas, Jesús Ochoa González y Norberto Agudelo Ossa, quienes cometieron varias vejaciones en contra del interno, hasta ocasionarle la muerte.
Los hechos se produjeron el 14 de enero de 2003, en las instalaciones de la penitenciaría, donde el recluso, José Arturo Lloreda, purgaba una pena de 27 años y cuatro meses de cárcel, como culpable del delito de homicidio agravado.
Los sancionados le propinaron sendas golpizas al reo, al percatarse de su renuencia a ser trasladado de patio hasta que se vieron obligados a llevarlo a la enfermería, de una manera extemporánea, lo que, finalmente, produjo que fuera conducido a un hospital del municipio quindiano de Calarcá, donde falleció.
La decisión fue tomada por la Procuraduría Delegada de los Derechos Humanos, despacho que dejó clara su intención de procesar a los funcionarios por homicidio, ante lo cual se vio frustrada debido a imposibilidad de demostrar la causalidad entre las golpizas y la muerte del condenado.
Ante la obligación constitucional del organismo de dirimir toda duda a favor del acusado, el ministerio público no tuvo más remedio que abstenerse de emplear su hipótesis sobre lo ocurrido en el juzgamiento del caso.
Tras conocerse el fallo disciplinario, el ente de control aclaró que se trata de una decisión de primera instancia, ante la cual cabe el recurso de la apelación por parte de los afectados con la medida.