La juez 56 de garantías cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria al exdirector del programa Agro Ingreso Seguro y tres exfuncionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) dentro del proceso que se les adelanta por la entrega irregular de subsidios.
Según la juez, Julián Alfredo Gómez, quien se desempeñó como gerente del programa AIS, así como Jairo Cano Gallego, Daniel Montoya y Julio Cesar Daza habrían incurrido en faltas en la protección de la función y la administración pública.
En este sentido señaló que los exfuncionarios incurrieron en la omisión de sus funciones de control y revisión de los proyectos entregados por un grupo de personas, que recibieron multimillonarios subsidios del programa AIS sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.
Según la juez los cuatro imputados se presentaron a las respectivas diligencias judiciales a las que fueron citados, hecho por el cual se infiere que no existe el riesgo de que se vayan del país, obstaculicen la justicia o no se presenten a las diligencias judiciales.
La juez 56 aseguró que movidos por “intereses egoístas” los exfuncionarios buscaron por todos los medios que el Ministerio de Agricultura contratara de manera directa con el IICA “sin ponerse a pensar si tenía la infraestructura para llevar a feliz término el proceso”.
En este sentido señaló que se favorecieron intereses de terceros para apropiarse los bienes y defraudar el erario. Para esto se violaron los principios de transparencia y legalidad que exige la ley.
El pasado 28 de marzo, y después de una audiencia que duró más de dos semanas, la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales a Julián Alfredo Gómez, exdirector del programa Agro Ingreso Seguro, y al exfuncionario del del IICA, Julio César Daza.
Mientras que a Daniel Montoya López y Jairo Cano Gallego, el fiscal anticorrupción les imputó el delito de peculado por apropiación a favor de terceros dentro del llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro.
El perdón de la Fiscalía
Durante la diligencia judicial, el fiscal 4 anticorrupción aceptó el regaño presentado por la 54 de garantías al catalogar de «delincuentes de cuello blanco» a los cuatro imputados, señalando que se violó la presunción de inocencia.
«Este lenguaje no corresponde a funcionarios judiciales», precisó la fiscal cuestionando seriamente los argumentos presentados por la Fiscalía durante la imputación de cargos.
Igualmente, la funcionaria judicial rechazó la solicitud de Julián Gómez para abrir investigación por falso testimonio contra el exdirector de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura, Javier Enrique Romero Mercado, considerado uno de los testigos estrella en este proceso judicial.