El juez 58 de garantías aceptó la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por la representante de víctimas y los abogados de los procesados y ordenó el traslado inmediato de la cárcel de Facatativa a sus respectivos domicilios al teniente Rosemberg Madrid Orozco y el patrullero Nelson Rodríguez Castillo, procesados por su presunta participación en la manipulación de pruebas en la investigación por la muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra.
El funcionario judicial aceptó la solicitud en la cual se argumentó la necesidad de velar por la protección y seguridad para los dos procesados, quienes en los últimos meses han presentado su deseo con el fin de testificar ante las autoridades judiciales con el fin de esclarecer los hechos que rodearon la ubicación de un arma de fuego en el sector así como las intenciones para desviar la investigación.
En este sentido se señaló que la vida e integridad de los familiares corre riesgo en el centro de reclusión, puesto que debido a sus declaraciones y su deseo de colaborar con la justicia han recibido amenazas e incluso agresiones, las cuales ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades quienes buscan establecer a los responsables de estos hechos.
Los “elementos novedosos” presentados por los dos uniformados a la Fiscalía General han permitido establecer las presiones a las que fueron sometidos un grupo de policías por parte del entonces asesor jurídico de la Policía, Héctor Ruiz –procesado y privado de la libertad por estos mismos hechos- con el fin de desviar la atención de las autoridades y afectar la realización de la investigación.
“Intervenciones de testimonios de cargo en pro de la administración de justicia y en pro del beneficio de la investigación”, señaló el juez en su decisión, al considerar que estos aspectos deben tenerse en cuenta ante la búsqueda de un posible principio de oportunidad por parte de los dos procesados.
El administrador de justicia señaló además que se cumplen con los requisitos para modificar la medida de aseguramiento emitida hace un año y medio contra los uniformados y permitir que sean privados de la libertad pero en sus respectivos domicilios mientras sigue el proceso en su contra por cinco delitos relacionados con la alteración de la escena donde el joven Diego Felipe Becerra recibió un disparo mortal por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón en la noche del 19 de agosto de 2012 en el noroccidente de Bogotá.
En sus declaraciones, citadas por los abogados, se señaló que los uniformados han narrado la forma en cómo el asesor jurídico los abordó en diferentes oportunidades con el fin de “formarlos” y orientarlos frente al interrogatorio que iban a rendir ante las autoridades que buscaban esclarecer los extraños hechos en los cuales perdió la vida el joven de 16 años.
Además señalaron que Ruiz los presionó para que asistieran a unas reuniones en los cuales fueron instruidos para responder las preguntas de los investigadores y “así lograr aspectos positivos de la persona que fungía como protagonista del actuar delictivo”, en este caso el patrullero Alarcón quien ya fue destituido por la Procuraduría General y enfrenta dos procesos penales, los cuales no han podido iniciar debido a maniobras dilatorias.
Tanto el teniente como el patrullero han señalado en sus declaraciones que por mucho tiempo se mantuvo una presión para ocultar la verdad y crear un pacto “de silencio sepulcral” con el fin de que afectar todas las investigaciones dirigidas a esclarecer los hechos.
Además manifestaron que en uno de los comités de seguridad el coronel Castillo Rojas felicitó al patrullero Wilmer Antonio Alarcón por su proceder en la noche del 19 de agosto. La felicitación también fue dirigida a los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, quienes actualmente se encuentran procesados y pendientes de la audiencia de acusación.
Estas declaraciones, según argumentaron los solicitantes, fueron la base para la apertura de la investigación contra otros oficiales y uniformados señalados de participar y tener conocimiento con la consecución y ubicación predeterminada de un arma en el lugar de los hechos, así como la creación del rumor sobre el hecho de que el joven de 16 años había participado con dos de sus compañeros en el atraco a un bus de servicio público.
Finalmente se solicitó las medidas de protección por parte de la Unidad de Protección de Testigos de la Fiscalía con el fin de garantizar su seguridad y permitir que sigan aportando pruebas a las autoridades judiciales.