Por orden de la jueza 18 de control de garantías de Bogotá fueron recluidos en el Batallón de Seguridad de Infantería de esta ciudad los capitanes (r) de la Armada Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, directores de inteligencia y de contrainteligencia del DAS, respectivamente, durante la administración de Andrés Peñate. Luego de la audiencia de legalización de captura, que duró cerca de nueve horas y que terminó el domingo en la madrugada, la solicitud de la Fiscalía de detenerlos preventivamente fue acogida.
A Lagos y Tabares, junto con Luz Marina Rodríguez, Bernardo Murillo y Germán Albeiro Ospina, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad. Rodríguez, ex directora de operaciones, y Murillo y Ospina, como ex integrantes del G-3, fueron recluidos en la Academia Superior de Inteligencia del DAS (Aquimindia), situada en la vía a Cota (Cundinamarca). La jueza accedió al requerimiento de la Fiscalía, afirmando que los arrestados podrían de algún modo obstruir la investigación.
Para solicitar la medida de aseguramiento, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, se apoyó en varios testigos, uno de ellos Carlos Arzayús, ex director de inteligencia de la entidad. Este último declaró que en dos reuniones en la Casa de Nariño, la primera ocurrida el 21 de abril de 2008 y la segunda tres días más tarde, funcionarios del DAS como Lagos y la entonces directora María del Pilar Hurtado se reunieron con el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez; el ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria; el secretario de Palacio, Bernardo Moreno; el viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman y el secretario jurídico, Edmundo del Castillo.
Así las cosas, la Fiscalía aseveró que los seguimientos y las interceptaciones no eran una actividad que el DAS realizaba de manera independiente y señaló que el principal objetivo eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Según el fiscal Rodríguez, una testigo relató cómo en alguna ocasión le pidieron la trasliteración de un CD, que contenía una reunión privada de magistrados de la Sala Penal del alto tribunal, con base en tres criterios de selección: reelección, extradición e información relacionada con el Presidente. Sin embargo, al finalizar la audiencia de legalización, ninguno de los imputados aceptó cargos y todos apelaron la decisión de la jueza, recurso que será estudiado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.