Asimismo, DMG informó que suspenderá la venta de tarjetas prepago, mecanismo utilizado para realizar esas operaciones financieras que no están permitidas por la ley.
De acuerdo con esa empresa, ya se les ha reintegrado a doce mil personas unos 31 mil millones de pesos, que los usuarios habían invertido en las tarjetas.
Según informó la empresa, gran parte de esa devolución del dinero, el 91 por ciento, se hizo con bienes, como carros y mercancías. Asimismo, se conoció que las cuentas bancarias de DMG les fueron cerradas y ahora todas las transacciones se deben hacer en efectivo.
La empresa, que tiene 26 oficinas en todo el país y que tuvo ventas de 70 mil millones de pesos el año pasado, insistió en que su negocio no es el de la pirámide.
El miércoles la Fiscalía abrió investigación contra DMG, que ya había sido sancionada por la Superintendencia Financiera, por irregularidades en su actividad comercial y que operaba en Putumayo, y Buenfuturo.com, que operaba en Villavicencio.
Las dos empresas son investigadas por posiblemente haber incurrido en el delito de captación masiva y habitual de dineros sin autorización y por ofrecer pagar intereses por encima de los establecidos.
Las investigaciones del ente acusador se iniciaron luego de que las personas que le habían entregado su dinero a Buenfututo.com denunciaron que cuando fueron a reclamar su dinero las oficinas de la empresa estaban cerradas y nadie les respondió por el mismo.
Pero en el caso de DMG también se le investiga por los posibles nexos que pueden existir entre la empresa y guerrilleros de las Farc, luego de que los representantes legales de DMG intentaran recuperar seis mil quinientos millones de pesos que fueron decomisados por las autoridades en el municipio de La Hormiga, Putumayo, y que al parecer eran propiedad del grupo subversivo.
DMG reclamó los dineros como suyos argumentando que eran el producto de su actividad comercial y que por tanto la suma de dinero eran los intereses que se le pagarían a su clientes.
Este viernes, DMG insistió en que el dinero decomisado por las autoridades es de su propiedad y que lo probará ante la Fiscalía.
Los más de seis mil millones pasaron a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, luego de que la Fiscalía iniciara el trámite de extinción de dominio.