El curtido fiscal de Justicia y Paz Luis Isnardo Barrero, que tuvo a cargo investigaciones tan sensibles como el bombazo al Club El Nogal de Bogotá o la venta de armas a las Farc, vía Vladimiro Montesinos; y la fiscal Luz Amparo Rodríguez Castro, auxiliar ante la Corte Suprema en el caso de las “chuzadas” del DAS, están a la espera de que el Consejo Superior de la Judicatura les notifique su destitución. Con uñas y dientes, sin embargo, insisten en su inocencia y dicen que defenderán a rajatabla su trayectoria profesional de casi tres décadas administrando justicia.
Ambos, junto al polémico exfiscal Jorge Iván Piedrahíta, fueron sancionados e inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos por haber ordenado interceptaciones de teléfonos y correos aparentemente de manera irregular, en medio de una investigación contra posibles colaboradores de las Farc. Uno de los correos que figuraron en la investigación fue el de la exalcaldesa (e) de Bogotá Clara López Obregón, al igual que otros de directivos de algunas ONG y agrupaciones sociales. Pero, según Barrero, quien cometió irregularidades fue el fiscal Piedrahíta —el último que estuvo a cargo del proceso— y aquí están pagando justos por pecadores.
La génesis de este enredó comenzó en 2005. Las Farc adelantaron una ceremonia para fundar el frente Antonio Nariño, en zona rural de Colombia (Huila). El Ejército supo de este encuentro y adelantó una operación en la que fueron abatidos dos guerrilleros. Ambos tenían en su poder varias cajas con todos los documentos de la reunión, incluida una agenda del jefe guerrillero que operaba en Bogotá, en la que había instructivos para atentados terroristas, vigilancia a objetivos gubernamentales y una lista de contactos con teléfonos y correos electrónicos encriptados.
Cumpliendo los protocolos, una fiscal de Neiva ordenó verificar a quién correspondían los datos e interceptar teléfonos y correos. El caso tomó tanta relevancia que el exfiscal Mario Iguarán ordenó el traslado del proceso a la Unidad Antiterrorismo de Bogotá y se lo asignó al fiscal Barrero. En el análisis, el CTI reiteró la necesidad de interceptar teléfonos y correos para encontrar evidencias sobre posibles nexos con las Farc. “La investigación siguió, pero mientras estuve al frente no se encontraron elementos”, le dijo Barrero a El Espectador.
En septiembre de 2007, Barrero fue nombrado en Justicia y Paz para investigar a las Farc y el caso pasó a manos de la experimentada fiscal Luz Amparo Rodríguez. Sin mayores avances, se abstuvo de iniciar una investigación formal, pero la segunda instancia pidió que se siguiera investigando la supuesta infiltración de la guerrilla en Bogotá. Tanto Barrero como Rodríguez ni siquiera pudieron interceptar los correos electrónicos de la lista de contactos decomisada a las Farc, porque Yahoo, Gmail y Hotmail no autorizaron el procedimiento, alegando que no tenían personal para esas verificaciones.
Corrió el tiempo y la fiscal Rodríguez pasó a la delegada ante la Corte. El expediente pasó a manos del fiscal Jorge Iván Piedrahíta, quien fue piedra de escándalo cuando se supo que ordenó investigar las bases de datos de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena para encontrar conexiones de estudiantes o profesores con las Farc. Los líderes estudiantiles pusieron el grito en el cielo y una tutela reversó esa decisión. Finalmente Piedrahíta fue removido de su cargo y se dio inicio al proceso que terminó con sanciones para él, para Barrero y para Rodríguez.
“Esto demuestra que los magistrados no tienen idea de procedimiento penal. Los correos nunca los pudimos interceptar. Hicimos todo el trámite legal, pero las empresas donde están los servidores dijeron que no se podía. Además, en el documento había un nombre, que era Clara López, pero basta con tomar un directorio para ver cuántas personas tienen ese nombre. Yo no conocía a la señora. Pero, así hubiera sabido quién era, hubiera actuado igual. Nosotros necesitábamos saber por qué su nombre y su mail estaban en la agenda de un jefe guerrillero. Además, en el proceso no se demostró que se hubiera interceptado su correo y ella nunca dijo si esa dirección era suya”, se quejó el fiscal Barrero.
Por su parte, la fiscal Rodríguez expresó: “Nosotros no estábamos haciendo chuzadas, sino ordenando interceptaciones legales, ese fue nuestro único norte. Era una investigación donde sólo había unos alias y se pudo establecer que había milicias que querían infiltrarse en Bogotá. Yo simplemente asumí la carga laboral de Isnardo, él ordenó esas interceptaciones con fundamento en los informes de policía judicial que relacionaban correos y abonados telefónicos. Esta es una decisión absolutamente injusta con mi trayectoria. Nunca he tenido investigaciones en mi contra. Voy a pelear para reivindicar mi honra”.
Sólo les queda acudir a la tutela por violación al debido proceso. Queda claro para ellos que de fiscales estelares resolviendo expedientes como el atentado al Club El Nogal o el multimillonario desfalco a la DIAN, pasaron de súbito a ser considerados ‘chuzadores’ sin ley. Y esto no lo van a admitir nunca, pues quien se extralimitó en este caso, dicen, fue el fiscal Piedrahíta. No piensan salir, pues, por la puerta de atrás.