El próximo 3 de junio, Ana Caterine Ceballos cumplirá 17 años, el mismo tiempo que su padre, Leonel, lleva dedicado a un propósito que, a consideración de los médicos, resultaba prácticamente imposible: lograr la supervivencia de su hija, quien desde que nació sufre de parálisis cerebral, por una falla médica que también acabó con la vida de su madre, Dolly Salazar. En el 2008, el Consejo de Estado condenó al Instituto de Seguros Sociales y al Hospital Universitario Clínica San Rafael por estos hechos; sin embargo, una de las disposiciones en la sentencia no se ha acatado: proveerle a la menor todas las medicinas, tratamientos y procedimientos que requiera. Una situación sobre la cual el Tribunal de Cundinamarca se pronunció en febrero pasado.
Esta corporación ordenó que el hospital realice, “por lo menos una vez al mes, un examen físico general a la paciente, en el centro de salud que indique y que quede ubicado cerca de la residencia de la menor en Marinilla (Antioquia)”. Leonel insiste en que esto no ha ocurrido, que en total llevan “17 años esperando atención médica” y que los especialistas del Hospital San Rafael “sólo aparecen cuando va a salir algún fallo y es para hacerle valoraciones, pero de ahí no pasa. Han mandado algunos médicos muy buenos, pero sin lo que la niña requiere para sobrevivir”. Por estas visitas que ha suministrado la institución médica, el Tribunal reconoció que “sí ha cumplido de alguna manera con la atención a la menor” y le ordenó a Leonel permitir “al personal médico del Hospital San Rafael o quien este designe, realizar la orden del examen físico en el centro médico que el hospital señale”, pues él se opuso a que la clínica internara por períodos largos a la niña.
“Acá llegó una ambulancia para llevarse a mi hija y cumplir con la sentencia, pero el problema es que se la iban a llevar a un pabellón psiquiátrico dizque para atenderla mejor y mi niña no está loca, ella está así por la misma falla médica de ellos”, señaló el padre. Precisamente, fue una preeclampsia –hipertensión arterial en la madre embarazada– no detectada a tiempo y la negligencia en el servicio para atenderla correctamente lo que acabaron con la vida de Dolly Salazar y ocasionaron la parálisis cerebral que sufrió Ana Caterine. Los especialistas esperaron 18 horas para atender a la primeriza madre cuando tenía evidentes síntomas de esta complicación, que derivó en eclampsia —agravamiento de la hipertensión y espasmos en los vasos sanguíneos del útero que reducen el flujo sanguíneo al bebé — y ella sufrió convulsiones. El 7 de junio de 1997 murió por un síndrome de disfunción orgánica múltiple.
Por estos hechos, hasta el 2008 el Consejo de Estado halló responsable al Instituto de Seguros Sociales y al Hospital Universitario San Rafael, pues quedó probada la existencia de una “falla médica, que se ve reflejada en la actitud pasiva y de tranquilidad asumida por el cuerpo médico que, conociendo varios síntomas y signos de la paciente que eran indicativos de la existencia de preeclampsia, se confiaron de manera negligente, al someter a aquella a diferentes exámenes de laboratorio que sólo horas más tarde arrojaron un resultado concreto, con la mala fortuna de que las maniobras para producir el parto devinieron tardías”. Por eso, los condenó, además de la indemnización monetaria correspondiente a suministrarle a la niña “todos los medicamentos, intervenciones, tratamientos, procedimientos y hospitalizaciones que requiera de manera gratuita, desde la fecha de la sentencia hasta el día en que ocurra su fallecimiento”, pues el daño es permanente.
Berta Gallo, madre de Leonel y abuela de Ana Caterine, quien la ha cuidado estos 17 años, explica que Ana Caterine “no camina, no habla, no come por sí sola, necesita de alguien todo el tiempo porque ni moverse puede”. La rutina de Berta, que ya se encuentra en la tercera edad, comienza a las 5 de la mañana cuando se levanta “para darle los medicamentos anticonvulsivos a mi niña, pero primero tengo que darle algo al estomaguito, que es un alimento especial que mandó el neurólogo, para que lo proteja y no tenga vómitos de sangre”. Todo este procedimiento termina alrededor de cuatro horas después. Y explica que lo que más le preocupa es que Ana Caterine se pele o se le agraven las heridas. Por eso, los pañales que le ponen son tan importantes. Leonel explicó que a finales de febrero fue un representante de la Clínica San Rafael a preguntar cuáles eran los elementos que necesitaba la niña y Berta le hizo la respectiva lista; sin embargo, días después se presentó un médico “con unos pañales que tuvimos que devolver porque esos no le funcionan a la niña pues la pelan”.
Agregó que Ana Caterine “necesita terapia respiratoria y fisiatrías al menos “una vez al día para fortalecer los músculos por las dificultades que tiene en los huesitos, que no los puede estirar bien, están encorvaditos”. Procedimiento que , según la sentencia del Consejo de Estado, debería hacerse cargo el Hospital Universitario San Rafael, “pero no lo ha hecho”. Sin embargo, los representantes legales de esta institución médica insisten en que ellos le han dado cumplimiento al fallo en su totalidad y que están a punto de informarle al Tribunal sobre su labor. Por su parte, el abogado de Leonel, Fabio Forero, reiteró que “la obligación de esta institución médica de suministrarle atención a la niña es de por vida y el otro año, cuando ella cumpla la mayoría de edad deberá empezar a pagarle una pensión mensual”.
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