Un trabajo coordinado entre la secretaría de Transparencia de la Presidencia, Ecopetrol, la fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de los EE.UU., puso al descubierto un presunto caso de soborno trasnacional que violaría la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FCPA (Foreing Corrupt Practices Act) y por lavado de dinero, así como las leyes colombianas sobre el mismo tema.
Dice el comunicado de prensa de la petrolera colombiana que en desarrollo de la investigación, la división criminal del Departamento de Justicia, un fiscal de la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI realizaron el 8 de noviembre la imputación de cargos contra tres ex funcionarios de la firma PetroTiger Ltd., quienes presuntamente habrían pagado un soborno de aproximadamente 333.500 dólares a un ex funcionario de Ecopetrol para beneficiarse de un contrato de servicios petroleros.
Knut Hammarskjold, de 42 años, fue acusado el 8 de noviembre de 2013 y arrestado 12 días después. El abogado de la firma Gregory Weisman, de 42 años, se declaró culpable el 8 de noviembre en una corte federal en Camden, Nueva Jersey. Joseph Sigelman, fue arrestado el 3 de enero en Filipinas.
Tanto Sigelman como Hammarskjold fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés) y conspiración para cometer lavado de dinero. Weisman se declaró culpable de conspiración para violar la Fcpa y cometer fraude electrónico.
Los delitos de fraude, violaciones a la FCPA y el lavado de dinero tienen penas en Estados Unidos de hasta 20 años de prisión y multas hasta por 250.000 dólares.
La persona señalada de recibir el soborno, quien nunca ocupó cargos directivos en Ecopetrol, ni tenía capacidad de decisión en los procesos de contratación investigados, dejó de laborar en la Empresa el 7 de abril de 2011 y en la actualidad es sujeto de investigaciones, acalara el informe de prensa.
Ecopetrol prestó una eficiente colaboración a la fiscalía General de la Nación desde agosto de 2013 suministrando toda la información requerida por parte de los entes judiciales, revisó las actuaciones realizadas por el ex funcionario e hizo los respectivos reportes ante las autoridades competentes.
Según el informe de la petrolera colombiana, Rafael Merchán, secretario de Transparencia, resaltó que “este proceso judicial muestra la importancia de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que Colombia adoptó recientemente. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Colombia también tienen que jugarle limpio al país si no se quieren ver sometidas a graves sanciones económicas e incluso penales, como en este caso”.