Dieciséis años de los 82 que tiene la bumanguesa Inés Gómez de Capacho le ha tocado vivirlos a la espera de una pensión de sobreviviente. Su esposo, Luis Fernando Capacho Ramírez, murió el 12 de mayo de 1995 y desde junio de ese año ha intentado, a través de diferentes recursos, que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) le reconozca su derecho. Sin embargo, en decisión reciente y por la negligencia que ha demostrado la institución para hacer cumplir la ley, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá ordenó “el embargo del edificio donde funciona la presidencia del ISS”, ubicado en la carrera 10ª con 64 de la capital del país.
La historia empezó el 15 de noviembre de 1996 cuando, en contra de todo pronóstico, el Instituto de Seguros Sociales, con sede en Bucaramanga, respondió con una negativa la solicitud de Inés Gómez. La respuesta se argumentó en que Capacho Ramírez sólo había cotizado 876 semanas como gerente regional del Banco de Bogotá en Bucaramanga, de las mil que le eran requeridas. Entonces, y sin tener en cuenta que los tiempos de servicio prestados en distintas entidades se pueden acumular —Capacho Ramírez también había trabajado para el Banco Mercantil—, el Instituto de Seguros Sociales invitó a la señora Gómez, para la época de 67 años, a aceptar una indemnización sustitutiva por un poco más de $7 millones.
Ella, en vista de su reciente pérdida y por desconocimiento de la ley, aceptó. No obstante, su hermano, reconociendo una posible artimaña por parte de la institución, la incitó a dar la pelea una vez más. Siguieron diez años de reclamos, cartas sin contestar y hasta una demanda de tutela. A todos estos recursos se negó el ISS a resolver el problema de la mujer, quien se encuentra, como lo reconoció el juzgado de Bogotá, “en una situación de extrema pobreza y múltiples dificultades para su edad”.
Una década después Inés Gómez, viendo sus cartas agotadas, decidió remitirse al abogado Carlos Alberto Maya Restrepo para que llevara su caso a la justicia ordinaria. El fallo fue favorable en primera instancia: el 30 de abril de 2009 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá condenó al ISS y a su representante legal, Héctor José Cadena Copete, a reconocer la pensión de sobrevivientes a la octogenaria.
Como era de esperarse, la decisión fue impugnada. Sin embargo, e insistiendo en que deben protegerse los derechos de las poblaciones vulnerables, en especial la de los ancianos, el 10 de agosto de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia del Juzgado Cuarto de Bogotá.
Así, el Tribunal recordó que la Corte Suprema ha sostenido, en varias ocasiones, que “para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado (…) para garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
En vista de que después de esta segunda decisión el Instituto de Seguros Sociales no se pronunciaba, el 25 de octubre del año pasado el abogado Maya envió a la nueva presidenta de la institución, Silvia Helena Ramírez, la cuenta de cobro que le correspondía a Inés Gómez. Tampoco hubo respuesta.
Entonces, en un acto desesperado, el abogado Maya decidió pedirle al Juzgado —quien emitió la decisión en primera instancia—, el embargo de la presidencia de la Institución de Seguros Sociales con tal de “sentar un precedente y hacer justicia para la señora Gómez”. El juez dio un visto bueno a la petición y ordenó, el pasado 3 de junio, el embargo de dicho inmueble; un fallo que fue registrado el pasado 8 de junio y que establece el pronto remate del edificio.
“Lo increíble —dice el abogado Maya— son las eternas vueltas que tiene que dar un ciudadano común con desconocimiento de la ley y dejó claro que no tiene que conocer la ley para que sus derechos, en este caso una pensión de sobreviviente, que ahora alcanza una cotización de un poco más de $1 millón, puedan verse cumplidos”.