Tras el regreso al país y posterior condena de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por el escándalo del espionaje de ese organismo, el nombre del exsecretario jurídico de Presidencia Edmundo del Castillo volvió al escenario público. Varios protagonistas de las chuzadas, como el exmagistrado Iván Velasquez, lo señalaron como una de las personas que todavía le debe explicaciones a la justicia y al país por sus actuaciones. En especial, por la controvertida reunión de abril de 2008 en Palacio a la que asistieron varios emisarios del exjefe paramilitar Diego Murillo, alias ‘Don Berna’. Entre ellos, Antonio López, alias ‘Job’.
El Espectador buscó al exsecretario jurídico para conocer su respuesta sobre estos interrogantes. Del Castillo aceptó contestar un cuestionario enviado por este diario. Sostiene que la justicia lo ha absuelto, que ha mantenido un bajo perfil para proteger a sus hijas, que jamás tuvo noticia de complot alguno para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y que no teme que María del Pilar Hurtado pueda decir algo en su contra.
¿Tuvo algo que ver usted con la operación de espionaje que montó el DAS contra la Corte Suprema de Justicia en el segundo gobierno de Álvaro Uribe?
No, de ninguna manera. Mis actuaciones como secretario jurídico de la Presidencia se ajustaron a derecho y fueron llevadas a cabo en el marco de las funciones que me correspondían. Nunca dentro de mi ejercicio profesional en Presidencia evidencié nada que hoy se pueda calificar como una operación de espionaje. Además, me gustaría dejar claro que la declaración del señor conocido con el alias ‘Don Berna’, que publicó hace unos días la revista Semana no es nueva. En el inicio de 2012 varios medios la dieron a conocer, e incluso mandé sendas cartas a El Espectador y a Semana en las que básicamente les recordé que mis actuaciones con relación al caso llamado caso ‘Job’, las había explicado con todo detalle ante las autoridades que me investigaron. Así la investigación disciplinaria fue archivada en diciembre de 2009 y la penal fue archivo en junio de ese mismo año.
¿Por qué razón ha sido mencionado en este escándalo?
No tengo idea. Lo que sí es cierto es que el secretario jurídico de Presidencia no tiene ninguna incidencia frente a Departamentos Administrativos, como el DAS. Acá lo delicado es que la integridad de los colombianos de bien quede en entredicho por lo que dice una persona cuya trayectoria criminal es muy conocida. Y más delicado aún, lo que ha sucedido no solo en mi caso sino en el de muchos, y es que antes de que una persona sea declarada culpable, antes de ser vencida en juicio, ya haya sido condenada por las palabras de un delincuente. En mi caso, llevo más de siete años explicando mi conducta en este tema con estricto apego a la verdad ante las autoridades competentes, y, como le dije, estas concluyeron que mi actuar se ajustó a la ley.
¿Cómo y por qué termina usted recibiendo a los emisarios de ‘Don Berna’ en el Palacio de Nariño ese 23 de abril de 2008?
Como lo he manifestado ya, desde 2008 el abogado del desmovilizado alias ‘Don Berna’, Diego Álvarez, solicitó una cita que le fue concedida. A ésta llegó con el también desmovilizado alias ‘Job’ porque se decía que tenían una información que al parecer era muy importante en términos legales para la Presidencia. No sabía quién era ‘Job’, no lo había visto y no lo volví a ver nunca. Supe de su prontuario cuando murió. Me entregaron en la oficina, no en la calle, como han querido tergiversar algunos, unos CD que supuestamente contenían información que al final resultó siendo basura y por eso no denunciamos. Dicha reunión ha sido explicada por mí con nivel de detalle ante la Procuraduría y la Fiscalía, instancias en las que quedó clara la inexistencia de participación alguna en un complot hacia la Corte y de cualquier actuación por fuera del marco de la ley por mi parte, razón por la cual ambos procesos fueron archivados.
¿Por qué esas grabaciones clandestinas de los paramilitares se hicieron con equipos del DAS?
No tengo conocimiento sobre ese asunto. Lo que sí le puedo decir es que como secretario jurídico jamás tuve participación alguna en actividades que se encontraran por fuera del ordenamiento jurídico, mi actuar se ajustó a derecho con apego a las funciones que me fueron asignadas. Tampoco supe sobre actuaciones que se pudieran calificar de actividad ilícita o como campaña de desprestigio o de espionaje contra persona o entidad alguna.
¿Qué determinaciones ha tomado la justicia en su caso en materia penal y disciplinaria?
Tengo un archivo de la Fiscalía fechado el 30 de junio de 2009, y no de cualquier despacho, sino de una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Procuraduría, el Procurador archivó el proceso en diciembre de 2009, fallo que fue ratificado en noviembre de 2012. Ante ambas instancias se probó que mi actuación se dio dentro del marco legal. Igual estoy atento como siempre lo he hecho, a acudir a las citaciones que haga la Justicia. No tengo nada que esconder.
¿Quién fue su abogado en esos casos?
Más que abogados, he contado con la asesoría y acompañamiento de grandes juristas y prestigiosos expertos en temas legales de gran trayectoria y reconocimiento que creyeron –y siguen creyendo– en mí. En unos casos o bien me representaban o me asesoraban. No hubo pago de honorarios, le aclaro.
¿Teme que la exdirectora María del Pilar Hurtado pueda contar algo que lo salpique?
No, en lo más mínimo. No me puede implicar en algo en lo que yo no participé, tengo mi conciencia tranquila.
¿Cuántas veces iba María del Pilar Hurtado a Presidencia? ¿Cómo era su relación con ella?
No lo sé con exactitud, esa información debe aparecer en los registros de la Presidencia. Sin embargo, no me cabe duda de que fueron muchas, debido a que era una funcionaria con un alto cargo. En cuanto a mi relación con María del Pilar Hurtado, puedo decirle que la conozco hace más de 20 años. Trabajamos juntos en 1992, fui asesor externo suyo en las entidades donde ocupó cargos directivos, como en el Instituto de Recreación y Deporte del Distrito y el Instituto de Desarrollo Urbano. También fui su apoderado en algunos procesos y, por supuesto, tengo una relación de amistad con ella y su familia. Inclusive el día de la bomba contra el Club El Nogal, el 7 de febrero de 2003, estábamos juntos allá. Nuestra relación laboral fue bastante profesional y bajo el más estricto cumplimiento de la ley y los protocolos que exigían nuestras funciones. Es infortunado que hoy se encuentre en esta lamentable situación, con la cual me solidarizo y espero que la pueda superar muy pronto por su bien y el de su familia.
Pero ya está probado que el DAS operó como una empresa criminal, que siguió, que espió, que interceptó comunicaciones.
Como lo he sostenido en varias ocasiones, nunca tuve conocimiento de un supuesto complot contra la Corte ni de campaña de desprestigio alguna como la llamaron en su momento. Parto del principio de la buena fe y de la presunción de inocencia. Es lamentable este tipo de situaciones y no me corresponde a mí explicar o emitir juicios de valor en dicho episodio.
Muchos creen que la justicia jamás se propuso investigar a fondo las relaciones entre Giorgio Sale y Ascencio Reyes con los magistrados de las altas cortes. ¿Está de acuerdo?
No soy quien para entrar a cuestionar el accionar de la justicia colombiana. Me parece que mientras no haya fallos condenatorios hay que creer, como un principio universal, en la presunción de inocencia que solo se desvirtúa con una sentencia condenatoria en firme. Y por qué no, de las entidades también, máxime cuando son de la importancia de las altas cortes y de sus integrantes.
Usted también ha sido mencionado como una persona muy cercana al grupo Nule, hoy condenado por el carrusel de la contratación. Incluso se le ha señalado como puente para que ellos obtuvieran varios contratos en el ICBF.
Fue mi abogado quien solicitó una citación a la Fiscalía desde 2011 cuando salieron informes de prensa que desafortunadamente no reflejaban la verdad. Acudí desde mayo de 2013 a un interrogatorio y aporté todas las pruebas que permiten concluir la verdad. Siempre he dicho que soy amigo del señor Manuel Nule, de su esposa y de su familia. Fuimos vecinos. Y lamento profundamente la situación que hoy enfrentan. Pero jamás como secretario jurídico de Presidencia ni como abogado intercedí en contratos o favores personales para ellos, ni para otra persona. Así también fue establecido en materia disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, que archivó un proceso que se inició teniendo como base una temeraria denuncia fabricada literalmente con recortes de prensa.
¿Por qué quiso responder ahora estos interrogantes si usted siempre ha preferido mantener un bajo perfil?
Estoy respondiendo esta entrevista como lo he hecho en cada una de las oportunidades anteriores, con ustedes, con otros medios y, más importante aún, ante las autoridades judiciales, pues en todas las investigaciones archivadas o activas he ejercido mi defensa. El bajo perfil al que usted hace alusión no es más que un profundo respeto a las instancias judiciales y una gran prudencia que nace del amor hacia mis pequeñas hijas a quienes busco proteger. Con seguridad, en un futuro cercano, cuando ellas sean grandes y puedan entender, tendrán la certeza de la transparencia con la que ha actuado su padre a lo largo de la vida.
jlaverde@elespectador.com