Si nada extraordinario ocurre el próximo martes 31 de mayo la Fiscalía General le imputará cargos a la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su participación y responsabilidad en los ataques que el comando central de dicho grupo guerrillero ha cometido en las últimas décadas contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y otras infraestructuras energéticas y petroleras del país.
En la diligencia judicial se solicitará además medida de aseguramiento contra los miembros del Comando Central del ELN (Coce) debido a la gravedad de los hechos materia de investigación entre los que se encuentran actos de terrorismo, destrucción al medio ambiente, homicidio en persona protegida, utilización de métodos de guerra ilícitos y ataque contra obras e instalaciones.
«Conductas de competencia de la CPI (Corte Penal Internacional) consideradas como crímenes de guerra por el estatuto de Roma de la CPI y por el DPI», precisó en su momento el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo quien aseguró que era la primera vez que se van a imputar cargos a la dirigencia de un grupo armado ilegal.
Según la investigación, que tiene como base el informe presentado por la firma Springer von Schwarzenberg Consulting Services de Natalia Springer, los atentados contra el oleoducto representaron un derramamiento de 3’600.000 barriles, dejando pérdidas por 66 billones de pesos y un daño ambiental estimado en $73 billones.
Por estos hechos serán procesados el comandante guerrillero Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; así como Eliécer Erlington Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramirez Pineda, alias ‘Pacho Beltrán’; Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’ y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchóa o Carlos Marín Guarín, alias ‘Pablito’.
El pasado martes el Gobierno anunció desde Venezuela el inicio de una negociación de paz formal con dicho grupo guerrillero.