El 11 de junio de 2007 al despacho del fiscal Mario Iguarán llegó un extenso documento elaborado por agentes del DAS que daba cuenta de un sofisticado cartel de corrupción enquistado en las donaciones que, por ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) les entrega a gobernaciones y alcaldías de todo el país sobre bienes de contrabando que han sido decomisados por las autoridades.
El informe concluía que entre 2005 y 2006 la DIAN había donado a distintos entes territoriales mercancías por más de $39 mil millones que, palabras más, palabras menos, fueron a parar a manos de intermediarios. La plata que debía destinarse para suplir las urgencias de los más necesitados se esfumaba. Otras investigaciones conexas demostraron además que buena parte del botín extraviado era ‘feriado’ por políticos para financiar campañas al Congreso, cautivar seguidores o ‘comprar’ sus votos a cambio de un electrodoméstico, un par de zapatos o un ventilador.
Lo más grave es que la espiral de corrupción llegó a extremos como que muchos de los artículos decomisados en los Sanandresitos retornaban a estos lugares para ser comercializados nuevamente. La Fiscalía comenzó a indagar, depuró listados de supuestos beneficiarios en gobernaciones y alcaldías de 25 departamentos, efectuó inspecciones judiciales sorpresa, revisó cientos de resoluciones de la DIAN y poco a poco fue desenredando el ovillo. Pronto se descubrieron anomalías en donaciones por cerca de $10 mil millones.
El ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga —detenido por sus nexos con el narcoparamilitar Hernán Giraldo— y su asesora Dilia Esther Rolón, procesados por peculado y falsedad en documento público, constituyen un capítulo más de este cartel de defraudaciones. La Fiscalía descubrió que se falsearon actas de entrega con firmas de supuestos beneficiarios de las donaciones de la DIAN que no recibieron un céntimo. Muchos fueron engañados por la Alcaldía y firmaron documentos con engañosas promesas para ser acreedores de la ayuda estatal que nunca llegó.
En cambio sus rúbricas sí fueron utilizadas para justificar entregas de mercancías inexistentes. Así lo refrendaron testigos como Inírida Pardo, Arnold Polo o Rubiela Dolores. Su caso es más peculiar: pese a que figuraba como beneficiaria ni siquiera había gestionado donación alguna para ella o su familia. Ella, contó a la justicia, firmó alguna vez un documento “para lograr el retiro de un rector de un colegio” que fue usado después para ‘limpiar’ los entuertos de esta red. El carrusel se repitió una y otra vez. Verbigracia lo ocurrido en 2005 con las donaciones de la DIAN a la Alcaldía de Santa Marta para paliar el desastre provocado por una avalancha en 2005. Millones de pesos en mercados, kits de aseo o ropa no se entregaron.
El caso en Soledad, Atlántico, merece capítulo aparte. Donaciones de mercancía por $626 millones para atender salud, educación o atención de desastres fueron embolatados hace cinco años por la alcaldesa Rosa Stella Suárez y su asesora Vera Judith del Castillo. La Fiscalía les imputó cargos al comprobar que “diseñaron cada uno de los esguinces para que el destino de las mercancías no cumpliera la finalidad que por ley deberían tener, como favorecer los intereses de la comunidad más vulnerable” y, en cambio, se apoderaron ilícitamente de recursos públicos”.
Para ello usaron nombres ficticios de beneficiarios y fundaciones como Futuro Común, Rostro Feliz o Rehacer que no registraban direcciones reales ante la Cámara de Comercio y los nombres de sus representantes legales fueron utilizados sin su consentimiento. Armando José Rambao, por ejemplo, dijo desconocer por qué figuraba como vicepresidente de Futuro Común y negó saber de donaciones entregadas por la Alcaldía de Soledad a esa organización. “No pertenezco a ninguna fundación”, les dijo a los investigadores.
Testimonios también relacionaron a concejales de Soledad con el millonario fraude. En medio del proceso, cuando trascendió que el dirigente Saúl Sandoval Rodríguez tenía información comprometedora de políticos del municipio con este círculo vicioso, fue asesinado. Su deceso, ocurrido en abril del año pasado, silenció el expediente por un tiempo. Algunos declarantes recordaron los supuestos nexos entre la alcaldesa Suárez y los ‘paras’ del bloque Norte, así como reuniones políticas auspiciadas no sólo por la influencia de Jorge 40, sino también por las donaciones de la DIAN que estratégicamente fueron utilizadas como una compraventa de votos.
Es decir, las mercancías que se suponía estaban destinadas para atender a los más pobres sí se les terminaron entregando, pero a cambio de su voto en las elecciones regionales de marzo de 2006. Eso en el mejor de los casos, porque la Fiscalía también ha documentado que buena parte de los enseres donados, los de mejor calidad o los que les hicieran falta, terminaban en casas de parientes o amigos de los alcaldes o gobernadores investigados. Un escenario ridículo que tiene a investigadores de la Fiscalía revisando papel por papel en cinco departamentos de la Costa Atlántica, Caldas, Antioquia, Chocó, Valle, los Santanderes o Guaviare.
Con archivos que reposan en la Subsecretaría Comercial de la DIAN, la Fiscalía busca constatar nombre por nombre los supuestos beneficiarios de las donaciones a partir del inventario que contenga la relación de dichos bienes en los entes territoriales. La mayoría de esos inventarios desaparecieron, no están correctamente diligenciados o son apócrifos. El ex alcalde de Tadó (Chocó) Marino Isaac Ledezma se acogió a sentencia anticipada por estos hechos. En Istmina se investiga a Luis Emilio Romaña. Y un largo etcétera de ex mandatarios de esa región y otras siguen en salmuera.
La justicia indaga también los nombres de varios particulares que, al parecer, han venido fungiendo como “gestores ante la DIAN” para conseguir las donaciones y que se encargan de contactar a mandatarios locales ofreciendo sus servicios. El ex alcalde de Acandí (Chocó) Fredy Altamiranda, por ejemplo, denunció que funcionarios de la DIAN e intermediarios le ofrecieron entregarle mercancía donada por la entidad a cambio de un porcentaje. Otra ex alcaldesa de Atrato ha notificado de exagerados trámites que tuvo que hacer ante la DIAN para hacerse a donaciones. En esencia, se trata de descubrir a dónde han ido a parar millonarios recursos girados que, al parecer, han terminado en los bolsillos de los políticos de turno.
El esfuerzo de los organismos de control por ponerle un dique a este desagüe por el cual desaparecen millonarios recursos estatales parece una tarea imposible. La Fiscalía, sin embargo, está decidida a encausar a los responsables. “No hay derecho a que se ferien la plata de esa manera”, le dijo a El Espectador un investigador del caso. No hay derecho a que el esfuerzo de las autoridades por acabar el contrabando terminé en un carrusel peor: el de funcionarios que buscan a toda costa enriquecerse, justificando sus fortunas con donaciones que no ayudaron a los necesitados, pero sí a sus fines políticos.
Mercancías entregadas por la DIAN
La gama de productos entregada por la DIAN en donación a municipios y departamentos va desde televisores, secadores, planchas o teléfonos, hasta rines, relojes, zapatos, baterías y gafas. También han sido distribuidos pocillos, licuadoras, bandejas, vajillas, toallas, martillos, destornilladores y navajas. Asimismo, alimentos como leche, mayonesa, azúcar, salsa de tomate, caramelos, sardinas o arroz y productos de aseo como crema dental y jabones. Combustibles como gasolina o acpm y motores usados, motosierras o discos de polea. Además cd, estuches, computadores, impresoras y reproductores de DVD, al igual que equipos de sonido. Incluso, se ha dado la donación de vehículos y camionetas.
Destinación específica para las donaciones
De acuerdo con la ley, las mercancías que sean aprehendidas, decomisadas o abandonadas podrán ser donadas a municipios y departamentos siempre y cuando se destinen a salud, educación, seguridad pública o prevención y atención de desastres. Así lo establece el Decreto 2685 de 1999, que fue modificado por el Decreto 4434 de 2004, al señalar que estos fines se harán “de acuerdo con las instrucciones impartidas por el director y la secretaría general de la DIAN”.
Una vez se efectúa el decomiso en favor de la Nación, mediante un acto administrativo, se profiere una resolución mediante la cual se autoriza la liquidación en favor del municipio o del departamento respectivo. En ese documento se describe la mercancía, la unidad de medida, la cantidad y el valor de la misma. Una vez notificado el representante legal de las entidades públicas, debe disponer su desplazamiento o el de un delegado a las bodegas de la DIAN y asumir el traslado al municipio.