Tal parece que la cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes está decidida a acabar de una buena vez con esos señalamientos que la catalogan como una entidad inoperante, incapaz de adelantar en profundidad procesos judiciales en razón a que carece de un cuerpo de investigación y a su origen político que dista mucho de la objetividad que debe tener un juez de la República.
Hace pocos días la mesa directiva de la Comisión de Acusación radicó en el Senado un polémico proyecto de acto legislativo que, en esencia, busca darle herramientas a esta corporación. Según la iniciativa, además de conocer de las acusaciones en contra del Presidente, el Fiscal y los magistrados de las altas cortes, la Comisión también podría investigar al Vicepresidente, al Procurador, al Contralor, al Defensor del Pueblo y a los integrantes del Consejo Nacional Electoral.
Dicho de otro modo, la Comisión quedaría a la cabeza de las eventuales investigaciones que podrían adelantarse en contra de los máximos representantes de organismos de control y al Vicepresidente, lo que traduce un poder que, en criterio de un miembro de la corporación, equilibra el juego de pesos y los contrapesos de la democracia. La reforma constitucional también contempla que los miembros de la Comisión de Acusación no podrán ser investigados por la Corte Suprema de Justicia “por asuntos relacionados con el ejercicio investigativo y de juicio y por las opiniones y votos emitidos en el mismo”.
En otras palabras, por ejemplo, si los representantes investigadores deciden absolver al presidente Uribe por el caso de la yidispolítica, la Sala Penal de la Corte no podría procesarlos. Hace más de una década el entonces representante a la Cámara Pablo Ardila –hoy detenido en La Picota por presuntas irregularidades como gobernador de Cundinamarca–, en uno de los más turbulentos pasajes del proceso 8.000, abrió investigación penal en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema porque estaba procesando a los 109 parlamentarios que absolvieron al presidente Ernesto Samper Pizano.
Ardila fue a la cárcel, pero salió al poco tiempo y coincidió además con una trascendental decisión de la Corte Constitucional que consagró la inviolabilidad del voto y las opiniones de los congresistas. Sin duda, esta modificación a la Constitución, que cuenta con amplio respaldo en el Legislativo, genera desde ya una agria polémica entre académicos y allegados a la Corte
Suprema de Justicia. Controversia que promete no amainar pronto debido al difícil escenario que vive el Congreso por cuenta del escándalo parapolítico.
Como si fuera poco, el proyecto pretende otorgarle a la Comisión la potestad para decidir sobre los continuos desacatos en los que incurren magistrados de las altas cortes, el Fiscal y en general todos a quienes investiga por ley. Se busca evitar así que las decisiones judiciales se sigan incumpliendo por parte de altos funcionarios del Estado, como suele ocurrir con tutelas que ha fallado la Corte Constitucional y que no son acatadas, entre otras corporaciones, por la Corte Suprema. De hecho, existen 42 expedientes en la Comisión por incidentes de desacato en el seno del máximo tribunal de la justicia ordinaria del país.
Otro de los cambios clave en la Comisión es la propuesta para que la corporación acceda a herramientas investigativas que les den mayor independencia con respecto a la Corte Suprema. Hoy por hoy, lo máximo que puede hacer la Comisión es abrir investigaciones, llamar a indagatoria y, eventualmente, acusar ante el Senado. Pero no le está permitido ordenar detenciones o dictar sentencias. Estas dos últimas labores son asumidas por la Corte Suprema de Justicia y, en ese sentido, se pronunció un parlamentario que se preguntó: “¿Imagínese si uno de los procesados es un magistrado de la Corte? ¿Qué independencia podemos tener?”. Y otro más sostuvo: “El sistema está hecho para que no funcione”.
En ese contexto, agregó otro congresista consultado, “a muchos de nosotros nos da temor iniciar investigaciones en contra de magistrados de la Corte, quienes son también nuestros jueces, porque no tenemos herramientas para procesarlos, pero además por el temor a retaliaciones”. El representante José Gerardo Piamba explicó además que se pretende que la Comisión trabaje todo el año y no sólo en los períodos ordinarios del Congreso, con el fin de ponerle el acelerador a los más de 700 procesos que estudia, todos los cuales están en etapa preliminar.
El proyecto de enmienda constitucional ya empieza a generar revuelo en los pasillos de la Corte Suprema. Su examen legislativo empezará en los próximos días y lo cierto es que ya cuenta con un ambiente favorable. La Comisión busca sacudirse de ese lastre histórico que la ha rotulado como una “comisión de absoluciones”. Este diario también conoció que la entidad ya ha adelantado conversaciones con la Fiscalía para firmar un convenio que le permita contar con unos 10 investigadores de Policía Judicial para adelantar los procesos. Cualquiera diría: ¿es la respuesta del Congreso a las investigaciones parapolíticas?