La rápida respuesta de las autoridades para ciertos casos criminales; los capturados que enfrentan juicios eternos; los riesgos que corren quienes no pueden pagar un abogado privado. Esos son problemas que enfrenta la justicia y por los que la ciudadanía reclama. En los últimos días quedaron aún más en evidencia estas debilidades: mientras en enero fueron asesinados 21 líderes sociales y poco o nada se sabe de quiénes los mataron, un crimen igual de deleznable —el intento de homicidio de una mujer embarazada por robarse su camioneta— se resolvió en cuestión de días. Los líderes, personas sin muchos recursos que no viven en Bogotá. La mujer, residente de Rosales, uno de los barrios más caros de Bogotá.
Las comparaciones de los dos hechos han llevado al país a poner de nuevo sobre la mesa un viejo interrogante: ¿Existe una desigualdad en el acceso a la justicia? Fuera de los magnicidios y los asesinatos con tintes políticos, en los cuales la impunidad se explica por razones muy distintas, Colombia tiene una larga lista de crímenes que no se han resuelto como y en donde el factor común pareciera ser su condición socioeconómica. Por ejemplo, el de Luisa Ovalle, porrista de Millonarios de 18 años asesinada en 2013. La joven se encontraba en un parque del barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá, cuando fue apuñalada. No hay capturados. En 2015 fue asesinada Wendy Calderón en San Cristóbal, un barrio del sur de Bogotá; recibió 18 puñaladas. No existen personas procesadas por ese delito.
Para no ir más lejos: el caso Colmenares, cuando estaba en su pico mediático, fue asignado hace unos años a quien entonces ejercía como coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Es decir, al cargo más alto de la Fiscalía después del fiscal y el vicefiscal. Es difícil no cuestionarse: si no hubieran sido estudiantes de la Universidad de los Andes, sino de la Distrital, y el joven no hubiera aparecido muerto en el Virrey, sino en un parque en Usme, ¿habría recibido la misma atención tanto de los medios como del sistema judicial?
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Están también los casos de peligrosos criminales que quedaron en libertad por una presunta falla judicial, lo que podría indicar la desidia del sistema cuando las víctimas no son de estratos altos ni acaparan los titulares. En esa lista cabe Juan Carlos Sánchez Latorre, quien se dio a conocer en internet como Lobo Feroz. Fue recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla en 2008, pero obtuvo su libertad por vencimiento de términos. Sus víctimas eran niños de estratos bajos de Barranquilla y municipios aledaños. Hoy, las autoridades aseguran tener pruebas de que Sánchez Latorre abusó de por lo menos 270 niños, y está detenido en Venezuela mientras Colombia lo pide en extradición.
También hay procesos en los que la justicia ha actuado, eso es innegable. El de la pequeña Yuliana Samboní culminó el 29 de marzo del año pasado con la condena de Rafael Uribe Noguera por los delitos de secuestro, violación y feminicidio. Sin embargo, la jueza 35 de conocimiento, que conoció una a una las pruebas contra el arquitecto, que lo halló culpable y que leyó la sentencia, puso el dedo en la llaga: insistió en que su fallo no podía mostrarse como un trofeo, pues la impunidad todavía rodeaba muchos asesinatos como los de Yuliana.
Rosa Elvira Cely fue golpeada, un crimen absolutamente atroz, fue violada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá en 2012 a manos de Javier Velasco, un compañero de estudios. Por estos abominables hechos, la justicia condenó a 48 años de prisión a Velasco, cuya condena ya fue confirmada en segunda instancia. Pero si algo tienen en común los casos de Yuliana Samboní y de Rosa Elvira Cely es que, a pesar de que las víctimas eran de origen humilde, sus casos llamaron lo suficiente la atención de los medios como para que estos, a su vez, ejercieran presión sobre la justicia. ¿Habría actuado el sistema judicial igual si esos casos no hubieran acaparado titulares? ¿Estarían Velasco y Uribe Noguera —especialmente él, un hombre adinerado— tras las rejas?
¿Dónde están las fallas?
Expertos consultados por este diario coinciden en los yerros que ven en el sistema: malas prácticas judiciales, cambios normativos, desconocimiento de procesos y falta de presupuesto, son algunos de los problemas de fondo. “Es claro que muchos casos toman relevancia al volverse más mediáticos que otros, lo que crea mayor presión sobre los funcionarios. Si no tuviera visibilidad, a lo mejor no se resolverían oportunamente”, aseguró Consuelo Quiñones, abogada penalista del consultorio jurídico de la Universidad Javeriana.
La abogada Quiñones también critica la revictimización a la que se ven enfrentados quienes se atreven a denunciar. “Existe una vulneración de los derechos, pues no se dice cómo se debe denunciar, en medio del proceso atienden varios funcionarios que no tienen nada que ver y obligan a la víctima a contar una y otra vez lo sucedido”. Un problema que es especialmente palpable entre las víctimas de violencia sexual.
Jhon Jairo Carvajal, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, reconoció que existen unas fallas porque muchas personas desconocen sus derechos: “Ese desconocimiento puede llevar a que en ciertos momentos las personas acepten cargos sin conocer en detalle su proceso”. Carvajal afirma que existen desigualdades en, por ejemplo, el manejo de las pruebas: “Personas con más recursos tienen la posibilidad de realizar estudios criminalísticos, pruebas técnicas, peritazgo para enfrentar su proceso —lo cual permite ahora el sistema acusatorio—. Una persona con menos recursos no tiene estas posibilidades”.
Para cubrir estas necesidades existen los consultorios jurídicos de las universidades, la Judicatura también presta un servicio para asignar abogados gratuitos y están los defensores públicos. Todos colaboran para que las personas con menos recursos y más vulnerabilidad tengan acceso a la justicia en las mismas condiciones de quienes sí pueden pagar un abogado privado. Aunque la sobrecarga de trabajo es una de las mayores dificultades que enfrenta la Defensoría Pública. A corte del 31 de diciembre de 2017 tenían más de 300 mil procesos en el área penal, es decir, 117 procesos por defensor, en casos administrativos superaban los 36 mil procesos, y representan a más de 200 mil víctimas.
“Estamos sobrecargados, pero se ha logrado articular un trabajo para prestar la ayuda que requiere la comunidad. Contamos con un equipo de peritos igual al del CTI de la Fiscalía para poder ejercer una defensa de los derechos de quien lo requiere y en condiciones de igualdad”, afirmó a este diario Arturo Dajud, director nacional de la Defensoría Pública. Aseguró que en los próximos meses se realizará una labor conjunta con la Fiscalía para descongestionar más de 2 mil audiencias.
Crisis en Latinoamérica
El caso de Colombia no es único. En 2017, Univisión realizó una investigación regional sobre la desigualdad en la defensa pública en América Latina, titulada “Abogado de los pobres”. En este proyecto, un grupo de abogados y periodistas de la Unidad de Datos de ese canal revisó más de 8.000 sentencias judiciales en Costa Rica y descubrió que, en ciertos delitos, la probabilidad de que una persona que recurrió a un defensor público sea condenada aumenta entre 12 % y 26 %, si se le compara con alguien que tiene uno privado. “La idea de que la gente que no puede pagar un abogado tiene garantizada una defensa penal en igualdad de condiciones, parece que no aplica en ese país”, señala la investigación.
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Resaltan las dificultades de Guatemala al revelar que la justicia de este país cuenta solo con 15 defensores públicos que hablan una lengua local para atender los procesos legales de más de 6,5 millones de indígenas. Asimismo, destacan el caso de Perú, en el que afirman existe mayor impunidad en los procesos que se adelantan contra militares por violaciones de derechos humanos. “El Estado peruano ha invertido 125.000 dólares en la defensa de 47 militares, un monto igual al sueldo mensual promedio de 80 defensores públicos”. Por último, se destaca la diferencia salarial de los defensores, las cuotas políticas y hasta las amenazas de muerte.
En general, en Colombia y en otros países, queda claro que el acceso a la justicia no es un asunto de iguales. Ni siquiera lo es en países de los llamados “desarrollados”. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchas más posibilidades de ser procesado un ciudadano negro que uno blanco, y sobra decir que los negros son quienes peores circunstancias económicas enfrentan. En lo que respecta a Colombia, tal vez sea evidente que se ha logrado un cambio radical cuando hallar a los asesinos de un líder social se haga con la misma rapidez que le tomó a la Fiscalía encontrar a la banda de ladrones que robó un costoso reloj Rolex en un exclusivo restaurante de Bogotá hace unos días.