Marlene Cecilia Amézquita Lozano tiene 39 años de edad. Todo este tiempo maduró lo suficiente y esperó hasta sentirse preparada emocional y económicamente para traer su primer hijo al mundo. Cuando tomó la decisión en el 2006 fue al médico para examinar su condición física y se encontró con que tenía una miomatosis uterina, la cual no sólo le impedía quedar embarazada sino que ponía en riesgo su propia vida. Para contrarrestar la enfermedad el médico le ordenó un tratamiento, pero la EPS se lo negó porque no se encontraba incluido en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS). Ahí empezó su drama.
Esperanzada en que las tres ampolletas con un valor cercano a los $800 mil le ayudarían a cumplir su deseo de ser mamá, solicitó el medicamento (acetato de leuprolide), pero le respondieron que no cumplía los requisitos. Interpuso una acción de tutela para que la EPS Comfamiliar Huila le diera la droga y los tratamientos necesarios, y una vez más la respuesta fue negativa. Esta vez los médicos se sustentaron en el análisis del Comité Técnico Científico, el cual arrojó que no aparecía prueba o elemento de convicción que indicara que la paciente se encontraba en inminente peligro de muerte si no recibía dicho medicamento.
Su tristeza se agudizó y no podía creer que en este país donde los padres matan, regalan, venden y abandonan a sus hijos sin darles la oportunidad de crecer, a ella todo se le complicaba y la vida le negaba la posibilidad de quedar embarazada. “Yo no podía pagar una ampolleta de esas, y en ese momento menos porque me encontraba en Tunja, trabajaba en un salón de belleza donde ganaba por porcentaje. Fue duro porque los médicos me dijeron que había otra forma de tener un niño sin la necesidad de los medicamentos: la adopción. Me dijeron que me querían hacer una estereptomía porque los miomas estaban bastante avanzados”, indicó.
Y así se estaba dando todo, el 21 de agosto de 2007 el Juzgado Cuarto Municipal de Tunja le denegó el amparo tras considerar que no existía riesgo para la vida o salud de la paciente y que ella sólo pedía las drogas porque lo único que le importaba era tener un hijo. Con el traumatismo de no poder procrear viajó en junio a Bogotá y continuó su lucha. Arrendó una habitación y consiguió trabajo como peluquera, buscó nuevos conceptos médicos mientras demandó el fallo, el cual finalmente llegó a revisión a la Corte Constitucional.
La Corporación encontró que efectivamente la falta del tratamiento de la miomatosis uterina afectaba la salud y la integridad física de la paciente, debido a que le produciría sangrado abundante, dolores abdominales, obstrucción de las vías urinarias, dolor en las relaciones sexuales y hasta dificultad en la consecución de un embarazo. Asimismo, las pruebas solicitadas arrojaron que estos males podrían agravarse en el futuro y que no existe otro medicamento en Colombia capaz de contrarrestar la enfermedad.
Por esas razones, la Corte Constitucional le ordenó a la EPS Comfamiliar que le suministre a Marlene Cecilia Amézquita Lozano el medicamento acetato leuprolide y los demás servicios médicos necesarios para el tratamiento de la miomatosis uterina, debido a que su vida se encuentra en riesgo. Pero, como la infertilidad es una consecuencia de otra enfermedad que le afecta la salud, la EPS no se encuentra obligada a proporcionarle tratamiento alguno para que pueda quedar embarazada. Así las cosas, Marlene Cecilia podrá recuperar parte de su integridad física al ser tratada, pero no la emocional, puesto que el tratamiento no contempla la fertilidad. Por ahora sólo le reza a Dios y espera que los medicamentos hagan lo suyo y le brinden la oportunidad de ser mamá.