El país aún tiene fresco el incidente por la acusación que hizo el ex ministro Fernando Londoño Hoyos en contra del juez de Tunja, Pedro Suárez Vacca, quien le concedió libertad condicional en 2002 a los capos del narcotráfico capturados en 1995 Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Londoño Hoyos aseguró entonces que Suárez Vacca era un prevaricador con “actuaciones bien orquestadas y muy de acuerdo con la familia Rodríguez” y que había prestado sus servicios “como miembro obsecuente del bufete de abogados al servicio del cartel de Cali”.
La polémica subió como espuma, pero la Fiscalía no halló méritos para investigar al juez Suárez Vacca, quien en cambió denunció por injuria y calumnia al ministro Londoño. La Procuraduría inició un proceso disciplinario paralelo que terminó en la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 12 años a Londoño Hoyos. Y, como si ya no fuera tanto, el ex ministro afronta un juicio penal por las acusaciones no probadas en contra del juez Pedro Suárez Vacca.
No obstante, aunque las presuntas irregularidades en la libertad de los hermanos Rodríguez Orejuela parecían un episodio terminado —luego fueron recapturados, extraditados a Estados y condenados a 30 años de prisión—, la justicia considera que sí hubo circunstancias extrañas en las inexplicables e irregulares rebajas de penas con las que fueron favorecidos los capos. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de acusar a María Cristina Saavedra Yepes, ex jueza primera de ejecución de penas de Palmira, y a Ligia Garcés, representante de la Procuraduría para la época de los hechos.
Ambas enfrentan cargos por prevaricato por acción y omisión. Según constató la Fiscalía, sus actuaciones irregulares beneficiaron a los hermanos Rodríguez Orejuela y prácticamente obligaron al juez Suárez Vacca a ordenar su libertad en octubre de 2002. Sin embargo, dos meses antes, el 14 de agosto, la jueza María Cristina Saavedra Yepes, al revisar el proceso de Miguel Rodríguez Orejuela, contrariando todos los mandatos legales, acumuló sus condenas de manera irregular y lo favoreció tasando su pena a partir de una sentencia menos grave.
Tampoco tuvo en cuenta Saavedra Yepes a la hora de redosificar la pena de Miguel Rodríguez que en ese caso se configuraban agravantes que impedían otorgarle rebajas procesales, como la existencia de una tercera condena de 64 meses de prisión. En últimas, el narco ni siquiera respondió por la mitad de las sentencias a las que fue condenado. Nueve meses después de que la jueza Saavedra Yepes le otorgó una disminución en la pena a Miguel Rodríguez, la Fiscalía inició una investigación en su contra que culminó con la reciente resolución de acusación por el delito de prevaricato por acción.
Contraviniendo los mandatos legales y haciendo una interpretación “maliciosamente diferente”, que la Fiscalía calificó como una “postura acomodada” y sin “sustento jurídico”, y que en forma “arbitraria” y “caprichosa” quebrantaba la Carta Política, Saavedra Yepes le dio su propia interpretación a la ley. Miguel Rodríguez fue condenado en tres procesos distintos por narcotráfico, falsedad documental, concierto para exportar estupefacientes y enriquecimiento ilícito. No obstante, la jueza Saavedra, a la hora de redosificar la pena, no tuvo en cuenta la condena a 23 años de prisión que le impuso un juez especializado a Rodríguez, lo que, en esencia, dejó a las puertas de la libertad al capo.
Por su parte, la procuradora Ligia Garcés Rentería —quien por este caso fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años—, no apeló la decisión de la jueza Saavedra y, por el contrario, se mostró complaciente con el fallo asegurando que las “consideraciones tenían asidero jurídico”, tanto así que el juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro Suárez Vacca no hizo ningún cuestionamiento sobre la acumulación de penas de la que fue beneficiario irregularmente Miguel Rodríguez Orejuela y se vio forzado a otorgarle la libertad. En ese contexto, la Fiscalía acusó a Garcés Rentería del delito de prevaricato por omisión.
En síntesis, el episodio que parecía echado al olvido de la libertad de los Rodríguez sigue causando estragos judiciales. Esta decisión de la Fiscalía conocida por El Espectador parece confirmar la tesis del controvertido ex ministro Fernando Londoño Hoyos, quien denunció que la salida de prisión de los Rodríguez fue una “vuelta de la mafia”.